El sector del transporte público en Honduras enfrenta un escenario de alta tensión tras la advertencia de paralización total anunciada por los operadores urbanos. La medida de fuerza responde a presuntas irregularidades en un proceso licitatorio promovido por el Estado para incorporar tecnología en el sistema urbano de pasajeros. Los manifestantes sostienen que el presupuesto asignado resulta desmedido para la ínfima cantidad de vehículos que contempla el plan oficial.
El origen del conflicto por el proceso licitatorio
La inconformidad de las empresas concesionarias se desató tras la publicación de un pliego de bases y condiciones el pasado 28 de octubre. En dicho documento administrativo se proyecta un desembolso de 21 millones de dólares destinado a equipar tecnológicamente únicamente a 18 colectivos.
El dirigente gremial Wilmer Cálix cuestionó con dureza los términos económicos de la convocatoria estatal y remarcó la falta de proporción entre el gasto previsto y el beneficio para la ciudadanía. Según sus declaraciones, los recursos anunciados tendrían que aprovecharse para solventar carencias estructurales que afectan a una masa mucho mayor de usuarios en las principales zonas urbanas.
Desde la perspectiva sindical, el proyecto licitado debió formularse considerando las prioridades globales de la red vial metropolitana. Cálix apuntó que destinar sumas millonarias a un grupo tan reducido de rodados desvirtúa el objetivo de lograr una transformación sustentable y equitativa en el servicio.
Cuestionamientos al plan para el transporte público en Honduras
Los representantes gremiales recalcaron que no se oponen a renovar la flota ni a incorporar herramientas tecnológicas de vanguardia. La controversia radica en cómo se estructuraron las inversiones gubernamentales sin escuchar a los concesionarios que operan las líneas asignadas por el Estado.
Cálix explicó que con esos 21 millones de dólares resultaría viable instalar mecanismos de cobro electrónico y cámaras de videovigilancia en cerca de 1.400 colectivos que recorren la capital hondureña. Además, ese mismo monto permitiría financiar las fases iniciales de un sistema de transporte masivo que alivie la saturación de pasajeros.
Los transportistas insisten en que poseen derechos adquiridos mediante contratos de concesión oficiales para brindar cobertura en el Distrito Central. Por este motivo, reclaman tener voz en las mesas técnicas donde se define el rumbo operativo del transporte público en Honduras.
Falta de respuestas a las propuestas de los operadores
El malestar del sector se agravó por la ausencia de devoluciones institucionales a los proyectos de modernización elaborados por las propias empresas de transporte. Los dirigentes aseguraron que tocaron las puertas de la administración comunal y del Ejecutivo nacional sin obtener avances concretos.
Hace aproximadamente dos meses, los operadores se reunieron con la máxima autoridad de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, quien prometió conformar una mesa técnica de trabajo. Pese a reiteradas solicitudes de audiencia formal, dicha instancia de coordinación jamás llegó a concretarse.
De igual manera, el gremio elevó hace tres meses una propuesta directa al presidente de la República, Nasry Asfura, diseñada junto a entidades bancarias fiduciarias y firmas especializadas en tarjetas magnéticas. Según denunció Cálix, el Poder Ejecutivo tampoco brindó una postura oficial sobre el plan integral presentado por el consorcio.
Impacto social y posible paralización del servicio
La posibilidad de frenar las unidades en Tegucigalpa y Comayagüela encendió las alertas de miles de trabajadores que utilizan el servicio diariamente para trasladarse a sus empleos. Aunque todavía no establecieron un día específico para el corte de actividades, los choferes adelantaron que recurrirán a medidas de fuerza si no reciben explicaciones técnicas claras.
La resolución de este conflicto dependerá de la voluntad de las autoridades para abrir canales de negociación efectivos con las líneas concesionadas. Para la ciudadanía, cualquier interrupción en el transporte público en Honduras representaría un severo perjuicio en su movilidad cotidiana y en la economía de las familias.
Datos clave
- Inversión cuestionada: el pliego licitatorio prevé destinar 21 millones de dólares para incorporar tecnología en solo 18 colectivos urbanos.
- Propuesta gremial: los transportistas afirman que con ese mismo presupuesto podrían equipar con cámaras y cobro electrónico a 1.400 buses de la capital.
- Amenaza de paro: las empresas concesionarias advierten con suspender el servicio si el Gobierno y la municipalidad no abren mesas de diálogo.
- Falta de diálogo: los dirigentes denunciaron no haber recibido respuestas formales del presidente Nasry Asfura ni de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.






