La propuesta para una transición en Cuba fue presentada formalmente en Madrid por líderes del exilio y agrupaciones cívicas independientes. El proyecto plantea desmontar las estructuras represivas del régimen, canalizar asistencia humanitaria inmediata y convocar a elecciones libres en un plazo máximo de tres años. La activista Rosa María Payá, representante de la plataforma Pasos de Cambio y fundadora de Cuba Decide, encabezó la exposición ante diplomáticos y defensores de derechos humanos.
El documento fue elaborado en el marco del foro Cuba en el Umbral y busca sustituir el modelo de partido único por un orden constitucional democrático. Durante su intervención, Payá subrayó que la iniciativa no busca gestionar una espera indefinida, sino sentar las bases jurídicas para restituir la soberanía a la ciudadanía cubana tanto en la isla como en el exterior.
Desarme de organismos represivos y reformas institucionales
La primera etapa del plan establece el cese inmediato de la persecución política como condición innegociable para cualquier apertura institucional. Para los autores de la iniciativa, una transición en Cuba no podrá sostenerse si permanecen activos los aparatos de vigilancia y control social que operan a través de los Comités de Defensa de la Revolución y la Seguridad del Estado.
Armando Ibarra, especialista a cargo del área de seguridad, propuso subordinar las Fuerzas Armadas al poder civil y retirar a los agentes de inteligencia procedentes de Rusia y China. Asimismo, el proyecto plantea transferir el conglomerado militar Gaesa a una administración enteramente civil para transparentar la economía y evitar que los recursos nacionales queden bajo el control de mandos castrenses.
Asistencia humanitaria urgente y estabilidad económica
La segunda etapa se enfoca en la estabilización social para mitigar la profunda precariedad de la población. Según detalló Yaxys Cires, directivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la entrega de alimentos, agua potable y medicinas comenzaría dentro de las primeras 72 horas y se extendería durante 180 días de forma gratuita y sin condicionamientos ideológicos.
En el ámbito financiero, el economista Elías Amor Bravo defendió la reducción del aparato estatal, la protección irrestricta de la propiedad privada y la atracción de capitales para frenar la inflación. Por su parte, el analista Julio M. Shiling sugirió utilizar la Constitución de 1940 como base jurídica inicial, acompañada por procesos de justicia transicional que reparen a las víctimas de confiscaciones sin ordenar desalojos compulsivos.
Fases para una transición en Cuba hacia elecciones libres
El esquema culmina con una fase de democratización coordinada por un gobierno de carácter provisorio. El jurista Mijail Bonito Lovio explicó que en los primeros 90 días se constituirán un servicio nacional electoral autónomo y una contraloría para supervisar la gestión institucional.
Este periodo interino tendrá una duración estricta de entre 18 y 36 meses sin posibilidad de prórroga, con el objetivo de evitar postergaciones en la consulta popular. El proceso finalizará con un plebiscito constitucional vinculante y comicios generales transparentes para garantizar una auténtica transición en Cuba basada en la voluntad de las urnas.
El evento contó con el respaldo del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, además de diplomáticos europeos y americanos. También sumaron sus reclamos dirigentes como Berta Soler, de las Damas de Blanco, e Iván Hernández Carrillo, quienes exigieron la liberación de todos los presos políticos y el reconocimiento de libertades sindicales plenas.
Datos clave
- El plan establece un periodo de transición de 18 a 36 meses que concluye con un plebiscito y elecciones multipartidarias.
- La ayuda humanitaria se activará en las primeras 72 horas para entregar alimentos y medicinas sin control ideológico.
- Las reformas de seguridad contemplan disolver la Seguridad del Estado y traspasar el conglomerado militar Gaesa al control civil.
- Líderes civiles y diplomáticos de diversos países y de la OEA respaldaron la iniciativa presentada en Madrid.
