Una mujer que contrajo el virus tras una transfusión con VIH durante su infancia volvió a exigir una respuesta formal al Gobierno panameño. Rocío Marlene Jiménez Castro, de 40 años, compareció públicamente en la capital de ese país junto con activistas para demandar el cumplimiento de reparaciones pendientes desde hace más de dos décadas. El reclamo busca resolver un prolongado reclamo administrativo que comenzó durante su tratamiento contra la leucemia linfocítica aguda.
Una omisión sanitaria prolongada por décadas
El origen de la causa se remonta a la atención pediátrica que Jiménez recibió a los siete años en el Hospital del Niño. En aquella oportunidad, una de las unidades sanguíneas suministradas provenía de una persona donante que inicialmente arrojó un resultado no reactivo. Los voceros de la organización Probidsida explicaron que las limitaciones de diagnóstico vigentes en los años noventa propiciaron que la muestra se encontrara en el período de ventana.
La anomalía epidemiológica quedó en evidencia meses después, cuando el mismo voluntario retornó al centro asistencial y su análisis confirmó la presencia del virus. La entidad de apoyo civil denunció que los protocolos hospitalarios debieron activar un rastreo inmediato sobre los pacientes receptores de esos hemocomponentes. Esa falta de trazabilidad impidió que la paciente fuera notificada tempranamente sobre el peligro sanitario que enfrentaba.
Las secuelas de una transfusión con VIH en la niñez
La afectada conoció su cuadro clínico recién a los 14 años, al ingresar gravemente descompensada a un centro hospitalario. Si bien el personal médico sospechó inicialmente de una reaparición del cáncer, los estudios complementarios confirmaron la existencia de histoplasmosis asociada a un sistema inmunológico deteriorado por la transfusión con VIH no detectada a tiempo.
Las repercusiones físicas para Jiménez resultaron severas e irreversibles a lo largo del tiempo. La mujer atravesó tres episodios de coma inducido, sufrió una lesión en la médula espinal y perdió la capacidad visual en un ojo, lo que la obliga a desplazarse en silla de ruedas. Pese a estas barreras de salud, logró graduarse de una maestría en Publicidad y Mercadeo, manteniendo un empleo público donde percibe un salario básico que considera desactualizado.
El dictamen institucional y las exigencias actuales
Años atrás, la Defensoría del Pueblo de Panamá determinó que la falta de alerta oportuna agravó sensiblemente la calidad de vida de Jiménez. La resolución firmada por el entonces titular Juan Antonio Tejada sugirió al Ministerio de Salud la entrega de una compensación mensual vitalicia para cubrir gastos asistenciales. No obstante, las autoridades ministeriales nunca ejecutaron dicho compromiso económico con la afectada.
El petitorio actual presentado a la Presidencia panameña incorpora tres demandas esenciales: la asignación del subsidio vitalicio estipulado, una reubicación habitacional tras un reciente desalojo familiar y un reajuste salarial profesional. En paralelo, el sistema de salud panameño registra a más de 24.000 ciudadanos que conviven con este diagnóstico, de los cuales la gran mayoría depende del suministro estatal de fármacos antirretrovirales.
Datos clave
- Antecedente del caso: Rocío Jiménez adquirió el virus a los siete años durante un tratamiento de leucemia en el Hospital del Niño.
- Falla de protocolo: El banco de sangre no activó la trazabilidad preventiva cuando el donante dio positivo tres meses después.
- Recomendación incumplida: La Defensoría del Pueblo dictaminó hace dos décadas la entrega de una pensión mensual vitalicia.
- Peticiones vigentes: La defensa exige el pago del subsidio, una vivienda adecuada y una mejora en sus condiciones laborales.
