Una comitiva fiscal y policial intervino seis comercios en Capiatá tras detectar la operación de tragamonedas ilegales en zonas urbanas. El procedimiento derivó en el decomiso de sesenta aparatos de juegos de azar y sumas de dinero en efectivo. Las autoridades actuaron luego de recibir reiteradas denuncias ciudadanas sobre el fácil acceso de niños y adolescentes a estos dispositivos instalados en almacenes barriales.
Las intervenciones se concentraron en puntos estratégicos del municipio del departamento Central. Los intervinientes constataron que las máquinas funcionaban sin ningún tipo de control estatal y a la vista de los transeúntes. Según los reportes oficiales, varios de los locales allanados se encontraban a escasos metros de centros educativos, lo que facilitaba que estudiantes utilizaran su dinero diario en estas apuestas clandestinas.
El peligro de las tragamonedas ilegales cerca de escuelas
La preocupación vecinal creció debido a la vulnerabilidad de los estudiantes ante el juego compulsivo. Los investigadores señalaron que las máquinas estaban dispuestas para atraer a escolares durante sus traslados diarios hacia las aulas. Esta situación infringe las disposiciones de protección integral a la infancia consagradas en la legislación paraguaya, que busca evitar la ludopatía temprana y la deserción escolar.
La presencia descontrolada de tragamonedas ilegales en despensas y copetines representa un riesgo directo para el bienestar familiar y social de las comunidades vulnerables. Padres de familia y docentes habían alertado previamente sobre la constante concurrencia de alumnos con uniformes a estos recintos comerciales. Ante la evidencia recolectada, los fiscales asignados ordenaron el retiro inmediato de los equipos y la requisa del efectivo acumulado.
Marco regulatorio y exigencias de Conajzar y Seprelad
El titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, Carlos Liseras, enfatizó las severas restricciones que rigen esta actividad en el país. El funcionario remarcó que las máquinas únicamente pueden operar en salones cerrados y debidamente habilitados, donde esté tajantemente prohibido el ingreso de menores de edad. Liseras subrayó que cualquier dispositivo instalado en la vía pública o en comercios generales constituye una falta grave a la normativa.
La normativa exige que todo operador de juegos de azar cuente con habilitación municipal, permiso formal de Conajzar e inscripción ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. La falta de este registro formal impide verificar el origen de los recursos económicos y el destino final de las recaudaciones. Las autoridades recordaron que la explotación no autorizada acarrea sanciones penales y administrativas para los propietarios de los inmuebles.
Destrucción pública de las máquinas incautadas
Como medida disuasoria para frenar la proliferación de tragamonedas ilegales en el departamento Central, las autoridades judiciales y administrativas coordinan el desmantelamiento total de lo decomisado. Carlos Liseras ratificó que las sesenta unidades confiscadas durante la jornada no volverán a circular en el mercado ni serán devueltas a sus dueños. Los aparatos serán destruidos por completo en un acto público convocado especialmente para el efecto.
Este procedimiento busca sentar un precedente firme contra la explotación clandestina de apuestas electrónicas en áreas comunitarias. La destrucción pública evita que los componentes electrónicos sean reciclados para nuevas estructuras ilícitas. Las instituciones intervinientes anunciaron que los controles se intensificarán en otros distritos del área metropolitana para erradicar las redes que lucran con el juego no regulado a expensas de la juventud.
Datos clave
- Incautación masiva: Autoridades retiraron 60 máquinas tragamonedas y dinero en efectivo tras seis allanamientos en Capiatá.
- Protección a menores: Los comercios operaban cerca de instituciones educativas, permitiendo el acceso irregular de escolares al juego.
- Incumplimiento legal: Ninguno de los locales contaba con permisos de Conajzar, registro en Seprelad ni patentes municipales correspondientes.
- Destrucción pública: Todos los aparatos confiscados serán inutilizados y destruidos en un acto oficial sin posibilidad de devolución.
