La Cámara de Diputados tiene programado analizar una propuesta que busca regular el trabajo para presos con una compensación mensual garantizada. La iniciativa legislativa plantea que las personas privadas de libertad puedan incorporarse a tareas productivas en los centros penitenciarios de Paraguay. El estudio de este proyecto figura en los primeros puntos del orden del día de la próxima sesión ordinaria.
Alcance y escala salarial de la iniciativa
El proyecto de ley fue presentado por la diputada Alexandra Zena, representante de Cruzada Nacional. Su formulación contempla el denominado programa de trabajo penitenciario autogestionado, diseñado para ordenar jurídicamente los vínculos laborales en las cárceles. A través de este sistema, los reclusos podrían acceder a un ingreso económico lícito mientras cumplen sus penas.
En cuanto a las remuneraciones, el texto fija una base salarial correspondiente al 70 % del salario mínimo legal vigente. Tomando la cifra de referencia de G. 3.044.000 establecida en el documento, cada interno percibiría al menos G. 2.130.800 mensuales. Este modelo crea un esquema particular frente al mercado laboral ordinario, manteniendo la obligatoriedad de la paga.
La normativa también contempla una jornada de hasta ocho horas diarias y un tope de 40 horas por semana. Asimismo, exige la provisión estatal o empresarial de insumos y herramientas, además del cumplimiento de normas de seguridad e higiene laboral.
El régimen de trabajo para presos y sus condiciones
Uno de los pilares del documento legislativo consiste en que el trabajo para presos debe basarse en un principio de voluntariedad irrestricta. El artículo 6 prohíbe expresamente cualquier modalidad de tarea forzada o explotación en las penitenciarías. De este modo, la participación dependerá exclusivamente de la decisión individual de cada interno.
La iniciativa sostiene que la labor productiva debe servir como un instrumento formativo para facilitar la reinserción social de los condenados. Al percibir ingresos económicos propios, las personas recluidas pueden sostener sus gastos personales o enviar asistencia financiera a sus núcleos familiares. Esto busca mitigar la vulnerabilidad que enfrentan durante el encierro carcelario.
Incentivos tributarios y reparos de comisiones
Para fomentar la adhesión del sector privado, el proyecto contempla estímulos fiscales dirigidos a las compañías interesadas. Al incorporar estímulos impositivos, la intención apunta a que el trabajo para presos resulte atractivo para compañías formales. No obstante, el borrador normativo no precisa las tasas ni los montos específicos de las eventuales deducciones tributarias.
El mecanismo prevé también la concesión de sellos de Responsabilidad Social Empresarial a las entidades contratantes. Dicho reconocimiento podría sumar ventajas de calificación en procesos licitatorios y compras del Estado. La meta declarada es abrir posibilidades de empleo formal donde habitualmente escasean las oportunidades productivas.
A pesar de sus objetivos sociales, el documento llega al pleno con un dictamen desfavorable de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. Este pronunciamiento en contra constituye una traba legislativa relevante, aunque la plenaria de la Cámara Baja mantiene la facultad reglamentaria de debatir y votar la propuesta.
Datos clave
- Remuneración mínima: El proyecto fija un piso mensual de G. 2.130.800, equivalente al 70 % del salario mínimo legal.
- Carga horaria: Se establecen jornadas de ocho horas por día y un máximo de 40 horas a la semana.
- Carácter voluntario: Queda prohibida la imposición de labores y se exige consentimiento pleno del recluso.
- Beneficios comerciales: Las empresas participantes recibirían incentivos tributarios y certificados de responsabilidad social.
- Dictamen adverso: La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros aconsejó el rechazo de la normativa antes de su estudio en el plenario.
