El trabajo infantil experimentó un incremento en la República Dominicana y alcanza actualmente al 4,6 % de la población de entre 5 y 17 años. Los datos corresponden a los resultados oficiales de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, presentada de forma conjunta por la Oficina Nacional de Estadística y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
El relevamiento estadístico reflejó un retroceso respecto a los registros obtenidos en 2019, cuando el índice general se ubicaba en el 3,8 %. El salto de 0,8 puntos porcentuales en un lapso de seis años generó preocupación en organismos internacionales y entidades defensoras de los derechos de la niñez en toda la región.
La investigación oficial remarcó que las tareas contabilizadas no se limitan únicamente a labores asalariadas en el mercado formal. La definición técnica incluye cualquier ocupación económica o productiva que vulnere la dignidad, obstaculice el desarrollo físico o mental e impida el acceso efectivo al sistema escolar.
Brecha social y trabajo infantil en las comunidades
El estudio sociodemográfico expuso marcadas diferencias según la ubicación geográfica y la posición socioeconómica de los grupos familiares evaluados. En las zonas rurales, la tasa de incidencia trepó al 5,1 %, mientras que en los sectores urbanos el porcentaje promedio descendió al 4,4 % de la población infanto-juvenil.
Asimismo, el informe de los organismos técnicos constató una disparidad visible en términos de género entre los afectados. La proporción de varones involucrados en faenas productivas tempranas trepó al 5,4 %, superando el 3,7 % reportado en el caso de las niñas y adolescentes mujeres.
La precariedad material de los hogares constituye el principal determinante para la inserción temprana en el mercado productivo. En el estrato con menores ingresos económicos, el 6,6 % de los menores desempeña actividades laborales, proporción que se reduce de manera progresiva hasta situarse en un 2,7 % dentro de las familias más acomodadas.
Asimetrías territoriales y desescolarización
La distribución geográfica de la problemática expuso una fuerte concentración territorial en el norte del territorio dominicano. La región del Cibao acumuló el 18,2 % de los casos identificados a nivel nacional durante el relevamiento, evidenciando una situación crítica en sus diferentes demarcaciones productivas.
Dentro de este territorio, la subdivisión del Cibao Noroeste encabezó las estadísticas regionales al registrar una tasa del 7,6 % en provincias como Dajabón, Monte Cristi y Santiago Rodríguez. En contrapartida, la zona del Cibao Sur presentó la proporción más baja con apenas un 1,6 % de menores afectados.
En otras regiones del país caribeño, las tasas alcanzaron un 5,7 % en Yuma, un 5,6 % en Enriquillo y un 5 % en el área Metropolitana u Ozama. De forma paralela, la medición detectó que el 3,8 % del total de menores monitoreados se encuentra completamente apartado de la formación escolar regular.
Marco normativo y compromisos para erradicar el flagelo
La difusión de las cifras coincidió con la conmemoración del Día Mundial de la Infancia, fecha establecida para recordar los compromisos internacionales vigentes. La Constitución de la República Dominicana consagra como una prioridad de máximo interés público la meta de erradicar el trabajo infantil en todas sus modalidades.
El artículo 56 de la Carta Magna dominicana impone al Estado la obligación indelegable de proteger a la niñez frente a cualquier forma de explotación económica y abusos laborales. Dicha directriz constitucional responde de manera directa a los estándares consagrados en el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Los especialistas sostienen que la vigilancia estadística permanente y la inversión en programas de contención social resultan determinantes para revertir estos indicadores. La erradicación de las tareas tempranas constituye un desafío urgente para garantizar que las nuevas generaciones completen sus trayectorias educativas en entornos seguros y libres de vulneraciones.
Datos clave
- Aumento registrado: la tasa nacional subió al 4,6 % frente al 3,8 % reportado en la medición previa de 2019.
- Brecha de género y zona: la incidencia afecta al 5,4 % de los varones y al 5,1 % de los menores en áreas rurales.
- Impacto de la pobreza: en el segmento de menores recursos económicos, el índice de menores trabajando llega al 6,6 %.
- Foco regional: la zona del Cibao concentró el 18,2 % de los casos, con picos del 7,6 % en el Cibao Noroeste.






