Una serie de disposiciones de urgencia fue confirmada para proteger a los trabajadores de Ueno Bank y compañías vinculadas tras el cierre generalizado de sus dependencias en Asunción. La ministra del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, comunicó las acciones tras su ratificación en el cargo por parte del mandatario Pedro Alliana en el Palacio de Gobierno. La intervención estatal busca salvaguardar los derechos de miles de dependientes en situación de vulnerabilidad.
Inspecciones y situación de la masa laboral
Durante las verificaciones de fiscalización efectuadas a finales de la semana pasada, las autoridades constataron que la totalidad de los establecimientos del conglomerado empresarial se encontraban cerrados. Esta parálisis no impidió que el ministerio asistiera de manera directa a más de 3.050 personas mediante una hoja de ruta orientada a centralizar cada solicitud formal.
El universo de personas impactadas alcanza de forma directa e indirecta a cerca de 7.000 dependientes que continúan registrados en las planillas oficiales. Al no existir una desvinculación formal ni apoderados con quienes tramitar la dimisión, la situación de los trabajadores de Ueno Bank requirió la intervención rápida del ente rector para ordenar el escenario jurídico de los afectados.
Liberación laboral para trabajadores de Ueno Bank
Uno de los principales inconvenientes planteados por el personal radicaba en los acuerdos contractuales que exigían exclusividad absoluta e impedían buscar otro puesto incluso durante un semestre posterior. Para dar respuesta a este dilema, la cartera estatal emitió un dictamen fundamentado en garantías constitucionales como el derecho a una ocupación efectiva y la libertad de trabajo.
A partir de esta disposición administrativa, los dependientes quedaron desvinculados de la obligación de exclusividad patronal ante la falta comprobada de tareas efectivas. El ministerio coordinó acciones inmediatas con 37 representantes jurídicos de las diferentes firmas del consorcio, entre ellas la firma VMedia, con el objetivo de habilitar la postulación a nuevas vacancias sin contingencias legales.
Cobertura médica y cobro de indemnizaciones
La inmovilización judicial de las cuentas corporativas generó alarma ante la eventual pérdida de la cobertura en el Instituto de Previsión Social. El ministerio inició gestiones para impedir que las familias queden desprovistas de servicios de salud, considerando que las patronales no pueden realizar las transferencias previsionales requeridas debido a los embargos preventivos.
Con respecto al desembolso de haberes pendientes, la legislación vigente contempla el principio de prelación mediante los artículos 247 y 248 del Código Laboral paraguayo. Estas normativas otorgan prioridad a las compensaciones de los trabajadores de Ueno Bank frente a otros compromisos comerciales que mantenga la entidad con acreedores privados.
La ministra Recalde precisó que, en caso de ser necesario tras el reconocimiento formal de los créditos por parte de las autoridades competentes, se gestionará la liquidación del patrimonio corporativo. El propósito de la eventual venta de bienes consistirá en garantizar el pago íntegro de las indemnizaciones adeudadas a la nómina de trabajadores.
Datos clave
- Respaldo institucional: La cartera laboral desplegó operativos que ya brindaron asistencia a más de 3.050 personas sobre un total de 7.000 afectados directos e indirectos.
- Anulación de exclusividad: Un dictamen técnico dejó sin efecto la prohibición de buscar empleo por falta de ocupación real en las empresas cerradas.
- Continuidad sanitaria: El Gobierno gestiona mecanismos para evitar la suspensión de la cobertura del Instituto de Previsión Social ante el congelamiento de cuentas.
- Crédito privilegiado: El Código Laboral ampara la liquidación preferente de los bienes patrimoniales para saldar salarios e indemnizaciones antes que otras deudas.
