El escándalo por el presunto uso de títulos universitarios falsos sacude los cimientos institucionales de Paraguay tras revelarse fallas estructurales de control. La Contraloría General de la República detectó que 1.090 diplomas declarados por 1.082 funcionarios públicos no poseen respaldo académico en las universidades consultadas. A esta situación se añade la alerta de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior sobre casi 100.000 títulos emitidos por carreras sin certificación vigente.
La gravedad del caso movilizó al Ministerio Público y a una comisión especial de la Cámara de Senadores. Las pesquisas no solo abarcan eventuales falsificaciones materiales, sino también la actuación de organismos reguladores como el Consejo Nacional de Educación Superior y el Ministerio de Educación y Ciencias. La crisis compromete tanto la idoneidad técnica en el aparato estatal como la validez de carreras sensibles vinculadas a la salud pública y el derecho.
Hallazgos de la Contraloría sobre títulos universitarios falsos
El contralor general Camilo Benítez presentó ante el Senado los resultados preliminares tras cotejar una muestra inicial de 34.068 legajos estatales. De esa cantidad, 1.090 credenciales académicas carecían de antecedentes en los archivos de las respectivas casas de altos estudios. En varias ocasiones, las universidades manifestaron que los supuestos graduados jamás figuraron como alumnos regulares en sus registros institucionales.
Las inconsistencias detectadas corresponden a funcionarios de 35 entes públicos, entre los que sobresale el propio Ministerio de Educación y Ciencias. Esta circunstancia encendió las alarmas debido a que dicha secretaría de Estado es la entidad encargada de registrar los diplomas en todo el país. La Contraloría advirtió que la cifra podría multiplicarse notablemente, ya que restan recibir informes de más de doscientas instituciones estatales y una veintena de universidades.
ANEAES bajo alerta por carreras sin acreditación técnica
Por su parte, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior remitió antecedentes técnicos a la Fiscalía sobre unas 100.000 titulaciones registradas en un periodo de tres años. Estos documentos derivan de programas académicos que no cuentan con la acreditación formal de calidad. Del total de 164.135 registros evaluados entre 2023 y 2025, cerca del 61 % proviene de carreras sin aval de la agencia evaluadora.
El titular de la entidad, José Duarte Penayo, puntualizó que la falta de certificación no prueba de inmediato la falsedad material de cada título. No obstante, subrayó que carreras como Medicina, Derecho o Ingeniería exigen por ley estándares estrictos de acreditación para operar válidamente. La autoridad sostuvo que las auditorías a fondo evidenciarán numerosos documentos apócrifos y registros emitidos a partir de habilitaciones vencidas.
Impacto económico en el erario público y medidas adoptadas
El presunto esquema con títulos universitarios falsos también conlleva repercusiones directas sobre las finanzas del Estado paraguayo. Las normativas salariales del sector público contemplan bonificaciones por grado académico que rondan hasta G. 1.500.000 mensuales por cada dependiente acreditado. El cobro indebido de estos montos durante años configuraría un perjuicio patrimonial significativo que la justicia deberá cuantificar.
El ministro de Educación, Luis Ramírez, admitió la apertura de procesos administrativos contra funcionarios que habrían percibido mejoras remunerativas mediante certificaciones dudosas. Entre las primeras medidas adoptadas, las autoridades ministeriales ordenaron la anulación preventiva de matrículas y anunciaron auditorías informáticas para blindar la carga de datos. Diversos sectores legislativos plantean reformas normativas urgentes para evitar que la expedición irregular de certificados continúe socavando la credibilidad académica nacional.
Datos clave
- La Contraloría General de la República descubrió 1.090 títulos sin respaldo en registros universitarios, declarados por 1.082 funcionarios estatales.
- La ANEAES identificó cerca de 100.000 títulos correspondientes a carreras que carecen de acreditación de calidad en los últimos tres años analizados.
- El Ministerio de Educación y Ciencias concentra la mayor cantidad de legajos bajo sospecha, siendo la propia entidad responsable de registrar los diplomas oficiales.
- El beneficio por grado académico en el Estado puede alcanzar hasta G. 1.500.000 al mes, lo que abriría causas por eventual perjuicio patrimonial al erario público.
