Una investigación preliminar sobre títulos falsos detectó irregularidades que podrían representar un desembolso anual superior a los USD 2,2 millones para las arcas públicas en concepto de remuneraciones complementarias. El informe fue expuesto por la Contraloría General de la República ante una comisión especial de la Cámara de Senadores en Asunción. La pesquisa busca transparentar el cobro indebido de beneficios salariales asociados a presuntas titulaciones inexistentes o carentes de respaldo académico.
Impacto millonario de los títulos falsos en el presupuesto
El cálculo inicial se fundamenta en las escalas del Presupuesto General de la Nación, reglamentado mediante el Decreto 5311/2026. Dicha normativa establece asignaciones mensuales de hasta 1.500.000 guaraníes por grado académico para los servidores estatales. Frente a esta escala, la presencia de anomalías administrativas compromete recursos significativos del erario.
En un escenario intermedio donde cada funcionario involucrado perciba un promedio de un millón de guaraníes mensuales, el gasto mensual asciende a 1.082 millones de guaraníes. Esta proyección anual alcanza 12.984 millones de guaraníes, cifra equivalente a unos 2,24 millones de dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central del Paraguay. Si se computara el tope máximo permitido por ley, el perjuicio potencial superaría los 3,3 millones de dólares cada año.
El informe preliminar de la Contraloría General
El contralor general, Camilo Benítez, puntualizó que la auditoría identificó 1.090 títulos académicos correspondientes a 1.082 funcionarios estatales con notorias inconsistencias documentales. La revisión cubrió de forma inicial a 35 dependencias del sector público mediante el cruce de registros formativos. En reiterados casos, los centros de enseñanza consultados no lograron validar los antecedentes curriculares de las personas investigadas.
La gravedad de estos hallazgos motivó la apertura de diligencias administrativas inmediatas. Dentro de la propia Contraloría se detectaron cuatro casos que ya fueron derivados a sumarios internos. Asimismo, el órgano de control remitió una denuncia formal ante el Ministerio Público ante la sospecha de hechos punibles vinculados con la adquisición o utilización de títulos falsos en la función pública.
Alcance de las indagaciones y posibles sanciones
El alcance final de la verificación se encuentra todavía en una fase temprana debido a pedidos de informes pendientes. Alrededor de 221 organismos estatales y 27 casas de estudios superiores aún no entregaron la documentación requerida por la entidad fiscalizadora. Benítez advirtió que el universo total sujeto a control ronda los 94.000 funcionarios en toda la administración.
La investigación reveló además que existen 877 carreras universitarias sin acreditación vigente en el país, incluyendo casi dos centenares ligadas a disciplinas médicas y de salud. Este contexto motivó críticas a los mecanismos de fiscalización del Consejo Nacional de Educación Superior. Los investigadores buscan dilucidar si estos documentos apócrifos sirvieron no solo para cobrar adicionales, sino también para facilitar promociones de cargos y categorías salariales superiores dentro de las instituciones públicas.
Datos clave
- 1.082 funcionarios estatales presentaron inconsistencias en sus acreditaciones académicas tras una revisión en 35 organismos.
- USD 2,24 millones anuales representa el costo estimado que asumiría el Estado en pagos de bonificaciones irregulares.
- 877 carreras universitarias carecen de acreditación legal vigente, entre ellas 184 ofertas vinculadas al área médica.
- 94.000 legajos integran el universo total de trabajadores estatales que serán auditados por los organismos de control.
