El conflicto financiero en torno al subsidio al transporte sumó una nueva señal de alarma tras el anuncio de las empresas agremiadas en el sector metropolitano. El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana comunicó que sus unidades garantizarán la prestación regular de los recorridos únicamente hasta el 30 de noviembre. Esta postura responde a las sumas pendientes de pago por parte del Estado y a la falta de acuerdos respecto al esquema técnico de cálculo.
La organización empresarial señaló que la sostenibilidad financiera de las empresas concesionarias se encuentra en un punto crítico. De acuerdo con lo manifestado por el gremio, los constantes atrasos en las acreditaciones gubernamentales dificultan la cobertura oportuna de costos operativos diarios, entre ellos la adquisición de combustible, el mantenimiento preventivo de las flotas y el cumplimiento de las obligaciones salariales con los choferes.
El reclamo por el subsidio al transporte y la falta de diálogo
El titular de la entidad gremial, César Ruiz Díaz, precisó que los compromisos impagos acumulados del ejercicio 2025 alcanzan aproximadamente 9.600 millones de guaraníes. A esta cifra se agregan los montos correspondientes al mes de setiembre, además de la falta de evaluación y ajuste de las incidencias económicas previstas para el ciclo 2026. Según denunció el sector, los plazos de desembolso registran actualmente retrasos habituales que oscilan entre 30 y 60 días.
Más allá de las sumas de dinero adeudadas, los transportistas centraron sus críticas en la falta de apertura institucional para revisar el esquema tarifario. Ruiz Díaz sostuvo que no existe una instancia formal para debatir técnicamente las variables económicas que utiliza el Viceministerio de Transporte para fijar las tarifas. En sus declaraciones, el dirigente comparó la metodología estatal con una «Torre de Babel», argumentando que las definiciones se toman a puertas cerradas sin una base imponible transparente.
La propuesta de acreditación directa a los pasajeros
Dentro de los cuestionamientos estructurales al modelo vigente, el gremio planteó una modificación radical en el destino de los fondos públicos. La nucleación empresarial expresó su desacuerdo con la intermediación de los recursos fiscales y remarcó que las asignaciones estatales deberían destinarse directamente a los usuarios del área metropolitana.
En ese contexto, la dirigencia de la organización afirmó que el subsidio al transporte fue diseñado originariamente como una ayuda al ciudadano y no como un auxilio corporativo. Ruiz Díaz expresó: «A nosotros no nos interesa el subsidio. El subsidio fue creado para beneficio del pasajero; que lo transfieran a las tarjetas de los pasajeros, no a nosotros». Con este planteamiento, los transportistas buscan apartarse del cobro directo y desligarse de las demoras administrativas que arrastra el fisco paraguayo.
Alcance del anuncio y el impacto en Gran Asunción
La dirigencia aclaró expresamente que la fecha fijada no representa una amenaza de paro ni un ultimátum legal contra las autoridades gubernamentales. Según detalló Ruiz Díaz, el 30 de noviembre funciona como una advertencia fáctica sobre el límite material que tienen las empresas para sostener las operaciones sin descalabros patrimoniales. «No emplazamos, le advertimos, le avisamos, le contamos. Podemos seguir buscando calificativos, pero no emplazamos», puntualizó el representante gremial.
El sistema metropolitano de transporte en Paraguay moviliza a diario a cientos de miles de trabajadores y estudiantes que se desplazan entre Asunción y las ciudades del departamento Central como Luque, San Lorenzo, Capiatá y Limpio. La interrupción o reducción severa de las frecuencias a finales de año generaría graves complicaciones en una época caracterizada por el incremento de la actividad comercial y laboral.
Frente a este escenario, las empresas insisten en la conformación inmediata de una mesa técnica interinstitucional. Dicho espacio debería incluir a representantes del sector público y privado para consensuar una fórmula económica previsible que determine los costos reales del kilómetro recorrido y evite fricciones financieras recurrentes en el subsidio al transporte.
Datos clave
- Fecha límite fijada: Las empresas nucleadas en Cetrapam anunciaron que podrán operar normalmente solo hasta el 30 de noviembre.
- Monto de la deuda: El gremio reclama alrededor de G. 9.600 millones pendientes de 2025, el subsidio de setiembre y la revisión del ciclo 2026.
- Propuesta del sector: Plantean que el subsidio deje de transferirse a las empresas y se cargue directamente en las tarjetas de los pasajeros.
- Demoras operativas: Denuncian atrasos sistemáticos de entre 30 y 60 días en los desembolsos de las compensaciones estatales.
