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Obras contra socavamientos en Guatemala costarán cerca de 26 millones de dólares

Redacción BM Online•7 de octubre de 2026 a las 09:25 a. m.•San Miguel Petapa

Viviendas colapsadas al borde de una profunda cárcava erosionada por el paso de un río crecido

Los graves socavamientos en Guatemala registrados en las inmediaciones del río Pinula requerirán una inversión estatal cercana a los 25,9 millones de dólares para contener el colapso del terreno. El parlamento guatemalteco aprobó medidas urgentes para socorrer a las familias damnificadas en el municipio de San Miguel Petapa, mientras diversos organismos públicos coordinan planes de contingencia por disposición de la máxima instancia judicial del país centroamericano.

El intendente local, Maynor Morales, reportó que el área técnica municipal calculó un gasto que oscila entre 170 y 200 millones de quetzales para ejecutar una solución estructural permanente en la cuenca fluvial. El funcionario sostuvo que continúan descargando material rocoso en puntos vulnerables para resguardar las rutas de tránsito terrestre. Además, Morales remarcó que las obras de megacolectores en la capital incrementaron el caudal hídrico hacia su distrito, solicitando evaluar responsabilidades metropolitanas.

Impacto de los socavamientos en Guatemala y respuesta legislativa

Con 143 votos favorables, los parlamentarios dieron luz verde al Punto Resolutivo 2-2026, una propuesta impulsada por la legisladora Alexándra Ajcip. El instrumento legislativo solicita formalmente al Organismo Ejecutivo articular labores de emergencia a través de carteras técnicas y ambientales con la comuna de San Miguel Petapa. La meta fundamental consiste en proteger a la población asentada en el vecindario Villa Hermosa I.

La directiva aprobada por el cuerpo legislativo fija evaluaciones periciales completas para medir el avance de las grietas y la estabilidad de las laderas del cauce. Asimismo, el plan exige relevar censos de las familias golpeadas por los socavamientos en Guatemala, organizar traslados precautorios a refugios y proveer opciones habitacionales para los residentes de áreas declaradas de riesgo no mitigable.

Intervención del Gobierno ante la orden judicial

En acatamiento a una resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia estructuró un plan operativo específico para los sectores 2 y 4 del barrio afectado. El amparo legal exige al Poder Ejecutivo poner en primer lugar la protección de la integridad de los vecinos y suministrar auxilio humanitario.

Las tareas operativas están a cargo de la Mesa Multisectorial de la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres, bajo la conducción del gobernador departamental Mauricio Bernard. En este espacio colaboran técnicos de obras públicas, miembros del Cuerpo de Ingenieros militares, defensores de derechos humanos y meteorólogos oficiales para evaluar el puente principal del área y rehabilitar el tráfico.

Proyecciones para la reconstrucción de la cuenca

La atención de los socavamientos en Guatemala demanda estudios hidrológicos rigurosos para que las soluciones de contención perduren en el tiempo y no se limiten a respuestas transitorias. El Centro de Operaciones de Emergencia presta respaldo técnico a la administración comunal mientras continúan los diagnósticos de campo en el río Pinula.

Los encuentros de seguimiento se desarrollan en la sede de la institución de protección civil, donde se proyecta definir el origen y la magnitud de las partidas presupuestarias. Estas gestiones buscan garantizar los recursos monetarios necesarios para dar fiel cumplimiento al mandato dictado por la justicia constitucional y devolver la tranquilidad a las familias perjudicadas.

Datos clave

  • Inversión estimada: Los trabajos definitivos en la cuenca del río Pinula requerirán entre 170 y 200 millones de quetzales, equivalentes a casi 26 millones de dólares.
  • Medida del Congreso: Los diputados avalaron por 143 votos una disposición para asistir a los habitantes damnificados en Villa Hermosa I.
  • Amparo judicial: La Corte de Constitucionalidad instruyó al Poder Ejecutivo a asegurar el bienestar físico de las personas en zonas de alto peligro.
  • Coordinación oficial: Varios ministerios, ingenieros militares y autoridades locales monitorean el puente principal y los taludes fluviales.

Fuente: infobae.com

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