La investigación judicial sobre los presuntos sobornos de Marset reveló que el presunto narcotraficante uruguayo habría pagado a agentes estatales de Paraguay para conseguir datos confidenciales y eludir a la justicia. La acusación fue formulada por fiscales federales en el Tribunal del Distrito Este de Virginia, en el marco del proceso penal que afronta el presunto líder criminal en territorio norteamericano. El expediente apunta a una red que también habría operado en Uruguay, Bolivia y Venezuela.
El alcance de los sobornos de Marset en Sudamérica
El documento presentado ante el juez federal Rossie Alston Jr. sostiene que el acusado diseñó un mecanismo sistemático de pagos ilícitos y amenazas directas. De acuerdo con el fiscal Anthony T. Aminoff, el propósito de estas entregas de dinero era mantener activas las rutas de tráfico de cocaína y anticipar cualquier operativo policial. En caso de no conseguir la complicidad deseada, la estructura recurría a represalias violentas y actos intimidatorios.
En el caso de Paraguay, los investigadores norteamericanos aseguran que el esquema permitió la compra sostenida de información privilegiada y blindaje institucional. Si bien la Fiscalía de Estados Unidos no reveló todavía las identidades ni las dependencias concretas de los funcionarios paraguayos implicados, el escrito enfatiza que dicha cooperación fue determinante para la supervivencia del esquema ilícito.
La táctica de intimidación y atentados violentos
Las pesquisas señalan que el esquema de los sobornos de Marset también contemplaba represalias letales contra quienes declinaban sus ofrecimientos económicos. Uno de los hechos más graves detallados en el informe involucra a una integrante del Ministerio Público de Uruguay, cuya oficina fue atacada con material explosivo tras negarse a colaborar con la banda.
El propio acusado habría admitido la autoría de esa agresión durante un interrogatorio formal ante agentes de la Administración de Control de Drogas, conocida por sus siglas DEA. Esta confesión se produjo tras la lectura de sus derechos constitucionales, confirmando que la organización criminal utilizaba la coacción armada cuando fallaban los intentos de cohecho.
Mensajería encriptada y cargamentos de cocaína
Como parte del acervo probatorio, los fiscales incorporaron transcripciones de la plataforma de comunicación cifrada Sky ECC. Bajo el alias omelet, el imputado coordinaba operaciones con colaboradores directos como Federico Santoro, quien ya fue condenado por maniobras de lavado de dinero vinculadas a esta red. Estas conversaciones buscan corroborar la identidad de los interlocutores y la jerarquía de las decisiones.
Asimismo, la acusación sumó evidencias vinculadas a los sobornos de Marset y el lavado de activos mediante el decomiso de diez toneladas de cocaína incautadas en abril de 2021 en el puerto de Amberes, Bélgica. Fotografías encontradas en los registros electrónicos del presunto narco confirmarían su nexo con aquel cargamento marítimo.
Actualmente, el acusado permanece bajo custodia en el Centro de Detención William G. Truesdale, en la ciudad de Alexandria. El juicio oral está previsto para enero de 2027, donde deberá responder por conspiración para el narcotráfico, blanqueo de capitales y cargos de narcoterrorismo.
Datos clave
- Acusación federal: La Fiscalía de Estados Unidos denunció que funcionarios paraguayos habrían recibido dinero ilícito para otorgar protección institucional.
- Método coercitivo: La organización criminal empleaba dádivas financieras e intimidaciones violentas para garantizar la continuidad de sus operaciones.
- Cargamentos y chats: El expediente incluye registros de Sky ECC y fotografías ligadas a diez toneladas de droga decomisadas en Bélgica.
- Juicio fijado: El procesado aguarda en Virginia el inicio de su juicio oral, agendado para enero de 2027.






