El sistema penitenciario paraguayo atraviesa una profunda falta de capacidad operativa para esclarecer agresiones y salvaguardar la integridad de las personas privadas de libertad. La exministra de Justicia Cecilia Pérez expuso estas críticas a raíz del grave episodio que afectó al exgobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, en un centro penitenciario de Asunción. Para la exfuncionaria, la controversia desatada demuestra que las instituciones estatales no ofrecen garantías suficientes de seguridad ni transparencia en sus recintos.
Dudas sobre la investigación en el caso Hugo Javier
Pérez señaló que las declaraciones contradictorias emitidas por voceros oficiales reflejan una práctica recurrente en los centros de reclusión. A su juicio, las autoridades no deberían apresurarse a validar explicaciones definitivas antes de que el Ministerio Público desarrolle sus peritajes. La exsecretaria de Estado sostuvo que las circunstancias del incidente salieron a la luz únicamente debido a la notoriedad pública del exgobernador y al impacto de los registros que mostraron su estado de salud.
Asimismo, la especialista remarcó las severas limitaciones existentes para proteger a testigos o reclusos que intenten colaborar con la Justicia. Sostuvo que dentro de las cárceles impera una dinámica de silencio forzado que inhibe cualquier denuncia formal de corrupción o abusos. En esa línea, dudó de que se consiga un esclarecimiento total de los hechos, dado que la víctima presenta un cuadro clínico complejo y el propio entorno penal desmotiva las declaraciones testimoniales.
Nuevas cárceles repiten vicios del sistema penitenciario paraguayo
Al analizar la infraestructura carcelaria, la exministra advirtió que las construcciones recientes corren el riesgo de arrastrar las mismas prácticas irregulares de los presidios tradicionales. Sostuvo que habilitar modernos complejos penitenciarios no equivale a concretar una transformación profunda si persiste personal sin la debida instrucción técnica y no se aplican protocolos estrictos de control.
De acuerdo con su análisis, levantar muros no resolverá la crisis institucional si no se consolida la Academia Penitenciaria como eje formativo. Pérez recalcó que el sistema penitenciario paraguayo requiere funcionarios capacitados para custodiar perfiles de alta peligrosidad en unidades de máxima seguridad, donde cualquier fallo de procedimiento puede desencadenar consecuencias mayores.
Falta de protección, salud precaria y límites legales
El análisis también abarcó la situación médica de González en caso de que reciba el alta hospitalaria y deba retornar a custodia penitenciaria. Pérez mencionó que la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza posee condiciones relativamente más ordenadas que otros pabellones de Tacumbú, aunque carece del equipamiento especializado para tratamientos prolongados de rehabilitación neurológica.
Respecto a posibles beneficios procesales, la abogada descartó la viabilidad inmediata de medidas alternativas o del indulto presidencial. Aclaró que la legislación paraguaya exige haber compurgado la mitad de la condena, contar con dictámenes criminológicos favorables y no registrar causas pendientes. En el panorama actual, el sistema penitenciario paraguayo exhibe deudas estructurales que exceden a un caso mediático y ponen a prueba la responsabilidad del Estado.
Datos clave
- Incapacidad institucional: la exministra de Justicia alertó sobre la falta de protocolos eficaces para prevenir y aclarar hechos violentos en recintos penitenciarios.
- Riesgo en nuevas penitenciarías: la habilitación de infraestructura moderna reproduce viejas prácticas si no se profesionaliza a los guardiacárceles.
- Inviabilidad de beneficios: Hugo Javier González no reúne los requisitos jurídicos para un indulto presidencial ni para la prisión domiciliaria.
- Desafíos sanitarios: los establecimientos carcelarios no disponen de recursos técnicos para tratamientos de rehabilitación médica integral.
