El sistema de pensiones en El Salvador enfrenta una profunda crisis de credibilidad ciudadana, reflejada en que el 50,1% de los trabajadores activos planea mantenerse laboralmente activo tras cumplir los 60 años. Esta cifra procede de un informe técnico elaborado por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, presentado en San Salvador tras analizar a cientos de aportantes formales.
La investigación reveló que únicamente el 4,8% de los consultados confía en solventar sus gastos cotidianos exclusivamente con el retiro que perciba. Frente a este panorama, un 13,6% planea recurrir a ahorros bancarios personales y un 6,8% dependerá de negocios propios, evidenciando una desconexión entre el modelo de retiro y el costo de vida real.
Rechazo ciudadano a los cambios exigidos por el FMI
El estudio cobró relevancia en momentos en que las autoridades salvadoreñas negocian un pacto financiero de USD 1.400 millones con el Fondo Monetario Internacional. Dicho acuerdo crediticio exige la ejecución de un ajuste fiscal severo y una revisión integral al régimen previsional para contener los pasivos públicos.
Frente a las probables modificaciones, la respuesta social es contundente. El 83,5% de los consultados rechaza tajantemente retrasar la edad de retiro, fijada actualmente en 60 años para hombres y 55 para mujeres. Apenas un 14,7% aceptaría prolongar cinco años más su vida productiva formal.
Asimismo, el 67,9% de los encuestados reprueba la idea de incrementar el descuento obligatorio mensual para procurar un retiro mayor. Actualmente, los empleados aportan el 7,25% de su remuneración y las empresas un 8,75%, totalizando una tasa de descuento del 16% que muchos no desean aumentar.
Deuda millonaria y cálculo de la brecha económica
Las cifras oficiales confirman la fragilidad financiera que rodea al sistema de pensiones. El Banco Central de Reserva registró una deuda previsional acumulada de USD 11.761,31 millones, compuesta por certificados de financiamiento de transición y obligaciones previsionales.
El Estado salvadoreño prevé destinar USD 250 millones en 2027 solo para cubrir intereses pospuestos por un periodo de gracia legal de cuatro años. Además, las autoridades deberán reconocer USD 2.300 millones complementarios mediante instrumentos a 46 años para saldar compromisos pendientes con las administradoras privadas.
Esta situación repercute directamente en la economía de los jubilados. Para acceder a la jubilación regular se exigen 25 años continuos de cotización, meta que el 65,9% admite difícil o imposible de consumar. Quienes simularon su retiro percibirían un haber estimado promedio de USD 450 mensuales, mientras que el presupuesto mínimo estimado ronda los USD 662,27, dejando una brecha mensual descubierta de USD 212,43.
Desconocimiento general sobre el sistema de pensiones
La desconfianza se amplifica debido a la escasa información técnica disponible. Un 84,3% de los cotizantes manifestó desconocer los requisitos normativos para acceder a sus beneficios económicos al final de la etapa laboral.
Esta opacidad abarca el manejo de los fondos comunes. Uno de cada tres dólares retenidos ingresa a la Cuenta de Garantía Solidaria para cubrir los subsidios de menores ingresos, un destino que solo el 24,2% de la población activa conoce. Al evaluar el modelo, el 80,9% prefiere que afiliarse a este régimen sea voluntario.
La experiencia salvadoreña ofrece lecciones de interés general para la región latinoamericana, especialmente para países como Paraguay, donde la sostenibilidad de las cajas jubilatorias y la cobertura de los trabajadores independientes continúan en permanente análisis social y legislativo.
Datos clave
- El 50,1% de los cotizantes planea continuar laborando después de los 60 años por considerar insuficientes los montos de retiro.
- El 83,5% rechaza postergar la edad de jubilación, mientras que el 67,9% se opone a un incremento en los descuentos obligatorios.
- La deuda estatal acumulada en el área previsional asciende a USD 11.761,31 millones, según datos oficiales del Banco Central de Reserva.
- La brecha mensual estimada entre el beneficio proyectado de USD 450 y las necesidades de subsistencia alcanza los USD 212,43 por persona.
