El sistema de cuidados se consolida en Panamá tras la promulgación de su marco normativo y el inicio del diseño de su plan de ejecución estatal. Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social avanzan en una hoja de ruta técnica junto al Banco Interamericano de Desarrollo para estructurar las atenciones prioritarias del país. Con este paso institucional formalizado mediante la Ley 431 de 2024, el país centroamericano se convierte en la tercera nación de América Latina en contar con una legislación integral sobre la materia.
La normativa reconoce esta labor como un derecho humano inalienable y un pilar básico de la protección social pública. El esquema proyectado busca transformar un trabajo históricamente relegado a la esfera doméstica en una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado, la comunidad y las familias. Esta reconfiguración responde a las demandas demográficas crecientes en todo el continente.
La consolidación de un sistema de cuidados en la región
El avance panameño sigue los pasos marcados previamente por Uruguay y Chile en el escenario continental. El antecedente pionero en la región corresponde al modelo uruguayo, diseñado con un fuerte enfoque solidario para atender a personas dependientes y reducir las marcadas brechas de género existentes en el empleo no remunerado. Por su parte, la experiencia chilena incorporó mecanismos normativos para asegurar que la asistencia domiciliaria y comunitaria forme parte del catálogo de garantías sociales.
En Panamá, la Ley 431 de 2024 estableció formalmente la creación de una Comisión y una Dirección Nacional especializadas. Estas dependencias gubernamentales tendrán a su cargo la coordinación interinstitucional y la bajada territorial de los servicios a través de alianzas estratégicas con los gobiernos locales. De este modo, la descentralización se perfila como un elemento determinante para alcanzar a las comunidades del interior y sectores vulnerables.
Planificación quinquenal y alcance de los servicios
Para materializar los postulados legales, técnicos gubernamentales y consultores internacionales elaboran el Plan Quinquenal 2026–2031. El consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, Julio Bango, detalló que la estrategia integrará medidas dirigidas a la primera infancia, personas mayores y personas con discapacidad. Estas tres poblaciones constituyen los sectores con mayor grado de dependencia en la sociedad actual.
El proyecto también abarcará la situación de las personas trabajadoras del sector, tanto formales como informales. La directora de Políticas Sociales ministerial, Gladys Vallester, enfatizó que la planificación contempla tanto a quienes desempeñan tareas remuneradas en residencias o domicilios como a quienes cuidan sin retribución económica en sus hogares. Mejorar las condiciones laborales y certificar competencias figuran entre las prioridades institucionales.
Estándares internacionales y el debate pendiente en Paraguay
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe plantea que las naciones deben estructurar estas políticas con enfoques de género e interculturalidad. El organismo técnico subraya la urgencia de regular el tiempo disponible para cuidar, las transferencias monetarias y el acceso a servicios públicos de calidad. Bajo esta perspectiva regional, atender a terceros no se limita a la asistencia sanitaria básica, sino que sostiene el funcionamiento productivo integral de las sociedades.
Este debate resulta de alto interés para Paraguay, donde la mayor parte de las tareas asistenciales recaen de manera no remunerada sobre las mujeres dentro del hogar. Diversas organizaciones civiles e instituciones paraguayas observan de cerca las experiencias de Uruguay, Chile y Panamá como referencias técnicas viables para legislar sobre la materia a nivel local. La inversión en infraestructuras asistenciales públicas representa uno de los grandes desafíos pendientes para la seguridad social en el Cono Sur.
Datos clave
- Tercer país regional: Panamá se sumó a Uruguay y Chile como las únicas naciones latinoamericanas con una ley marco dedicada a este ámbito.
- Marco normativo: La Ley 431 de 2024 institucionalizó el esquema público mediante la creación de una comisión y una dirección nacional técnica.
- Poblaciones objetivo: La cobertura abarcará de manera prioritaria a la infancia, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.
- Hoja de ruta: El Ministerio de Desarrollo Social y el BID coordinan el diseño del Plan Quinquenal 2026–2031 para formalizar a las cuidadoras y descentralizar servicios.
