La eliminación de los seguros VIP financiados por el Estado representa una urgencia impostergable para sanear el sistema sanitario, según reclamó el doctor Marcelo Galli. El oncólogo y exdirector médico del Instituto Nacional del Cáncer cuestionó la continuidad de estos privilegios corporativos durante el análisis del plan de gastos de la República. El pronunciamiento se produjo tras la sorpresiva suspensión del debate del Presupuesto General de la Nación 2027 en la Cámara de Diputados.
La postergación del tratamiento legislativo fue solicitada por Pedro Alliana, quien asumió la conducción del Poder Ejecutivo tras la detención del exmandatario Santiago Peña en el marco de la investigación sobre Ueno Bank. En este contexto de reordenamiento político y financiero, los sectores médicos demandan que los recursos estatales dejen de financiar coberturas médicas privadas a las autoridades de turno.
Millonario gasto estatal en coberturas privadas
El Estado paraguayo destina anualmente más de cien millones de dólares para solventar seguros VIP a favor de un segmento que no alcanza al 0,2 % de la población nacional. El doctor Galli indicó que menos de cincuenta mil funcionarios estatales, parlamentarios y allegados acceden a sanatorios privados mediante aportes de los contribuyentes. Mientras tanto, más de seis millones de ciudadanos deben acudir a dependencias sanitarias colapsadas por falta de insumos elementales.
Para ilustrar este desembolso, el profesional citó el caso de la Entidad Binacional Yacyretá, institución que desembolsa más de seis millones de dólares cada dos años para coberturas médicas a través de empresas prepagas como Asismed. Galli remarcó que estos dependientes públicos perciben salarios elevados y disponen de solvencia financiera suficiente para costear su propia medicina prepaga, por lo que no corresponde recurrir al erario público para cubrir esos beneficios.
La postura constitucional contra los seguros VIP
El especialista subrayó que sostener este esquema profundiza la brecha social y vulnera directamente las garantías de equidad consagradas en la Carta Magna. De acuerdo con su postura, el texto constitucional establece con claridad que todos los habitantes tienen derecho a una salud igualitaria y digna sin distinciones de cargos públicos. Ningún contrato colectivo de trabajo puede considerarse un derecho adquirido si se ubica por encima de los mandatos de la Constitución Nacional.
Aunque las aseguradoras privadas tienen pleno derecho a comercializar sus servicios en el mercado libre, el aparato estatal no debe actuar como facilitador de desigualdades. El médico sostuvo que financiar atenciones diferenciadas para jerarcas y legisladores mientras los hospitales carecen de reactivos y medicamentos esenciales constituye una discriminación inaceptable hacia la mayoría trabajadora del país.
Antecedentes y crisis en el Instituto Nacional del Cáncer
La trayectoria de Galli en la salud pública se extendió por tres décadas hasta su renuncia a la dirección médica del centro oncológico en septiembre de 2023. Un mes más tarde, el profesional abandonó de forma definitiva la institución tras denunciar autoritarismo, persecución y prácticas reñidas con la ética por parte del entonces director general Raúl Doria. Doria había asumido en agosto de 2023 y dimitió en julio de 2024 ante las protestas de enfermos que llegaron a encadenarse en la sede del Ministerio de Salud Pública.
El oncólogo lamentó que estas controversias administrativas perjudicaran su carrera hospitalaria e impidieran su jubilación regular en el establecimiento especializado. A pesar de los perjuicios personales sufridos, el médico afirmó que mantendrá su postura crítica contra la injerencia de intereses comerciales en la administración hospitalaria pública, una problemática que derivó en continuos reclamos por desabastecimiento de terapias para enfermos terminales.
Recursos para insumos y salarios en salud pública
Ante el complejo escenario que atraviesa la nación, Galli instó a los parlamentarios y al Poder Ejecutivo a encarar un proceso riguroso de austeridad fiscal. Los montos liberados de los cuestionados seguros VIP deben ser reorientados de forma inmediata hacia las áreas más vulnerables del esquema asistencial. Esto incluye la provisión continua de insumos oncológicos, la ampliación de cirugías complejas y la dignificación salarial de médicos y enfermeros que sostienen los servicios públicos.
Datos clave
- Monto global asignado: El Estado eroga más de US$ 100 millones al año en seguros privados para menos de 50.000 funcionarios y autoridades.
- Población beneficiada: Los privilegios alcanzan a menos del 0,2 % de la ciudadanía, mientras millones dependen de hospitales desabastecidos.
- Gasto en binacionales: La Entidad Binacional Yacyretá destina más de US$ 6 millones bianuales para pólizas privadas de funcionarios con altos sueldos.
- Reclamo de reasignación: El doctor Marcelo Galli pide que estos fondos se destinen a fármacos contra el cáncer y al salario del personal de blanco.
