El debate en torno a la propuesta para el salvataje de Ueno Bank generó un fuerte pronunciamiento político e institucional en el país. El expresidente paraguayo Nicanor Duarte Frutos emitió una postura categórica respecto a la utilización de recursos estatales para respaldar a la entidad financiera bajo intervención. Las declaraciones surgieron luego de que la Cámara de Senadores decidiera remitir la iniciativa a comisiones asesoras para un análisis minucioso.
Origen y propósito del Fondo de Garantía
Duarte Frutos remarcó que durante su administración, desarrollada entre los años 2003 y 2008, se instauró el Fondo de Garantía de Depósitos con un consenso multisectorial. Aquella medida buscaba blindar el patrimonio de los pequeños y medianos ahorristas frente a eventuales quiebras bancarias, evitando revivir episodios traumáticos del pasado financiero.
El exgobernante enfatizó que la recuperación de la confianza ciudadana en la banca nacional requirió un esfuerzo colectivo prolongado de diversos sectores técnicos y sociales. Por esta razón, calificó la actual situación de la firma como un retroceso que lesiona la credibilidad construida tras años de reformas estructurales en el sistema financiero.
Asimismo, el exjefe de Estado manifestó su solidaridad con los diferentes sectores perjudicados por el cese de operaciones de la compañía. Entre los afectados directos citó a los ahorristas individuales, los trabajadores, los jubilados y diversas entidades públicas cuyos depósitos quedaron retenidos.
El cuestionado salvataje de Ueno Bank y su impacto
Al analizar los alcances del plan normativo para el salvataje de Ueno Bank, el exmandatario advirtió que la herramienta de protección no fue estructurada para otorgar impunidad a irregularidades administrativas. Sostuvo que desviar estos fondos para amparar a presuntos saqueadores del erario constituiría una tergiversación absoluta del ordenamiento jurídico vigente.
Duarte Frutos expresó un severo reclamo hacia correligionarios de su propia nucleación política por respaldar medidas que vulneran la doctrina social histórica. En su descargo, señaló que el patrimonio institucional no puede ponerse en riesgo para salvaguardar intereses corporativos particulares en detrimento del bienestar colectivo.
La postura del exmandatario se conoció tras el intento de tratar el rescate financiero sobre tablas en el Congreso. Diversos sectores parlamentarios optaron por frenar el proyecto para revisar minuciosamente las implicancias económicas antes de habilitar recursos públicos.
Exigencias de investigación judicial y sanciones
En otro pasaje de su pronunciamiento, el expresidente dirigió un llamado urgente al Ministerio Público para que actúe con celeridad e independencia procesal. Solicitó que las pesquisas alcancen a todos los presuntos responsables del esquema financiero, sin que existan privilegios o blindajes de carácter político partidario.
La causa penal ya cuenta con imputaciones contra antiguos directivos de la firma por supuesta lesión de confianza y figuras afines. A este escenario se sumaron los reclamos de diversas entidades de la sociedad civil y sectores religiosos, como la Conferencia Episcopal, que demandaron total transparencia en la restitución de los capitales.
El exgobernante concluyó que cualquier salida financiera debe exigir que los causantes del deterioro asuman las consecuencias económicas y penales pertinentes. De esta manera, el debate sobre el salvataje de Ueno Bank continúa polarizando a la clase política paraguaya mientras se aguarda el dictamen de las comisiones del Senado.
Datos clave
- Postura del expresidente: Nicanor Duarte Frutos rechazó usar el Fondo de Garantía para auxiliar a los directivos responsables de la entidad.
- Trámite parlamentario: El proyecto de ley fue enviado a comisiones del Senado tras frustrarse su tratamiento inmediato en el pleno.
- Origen del fondo: El instrumento de cobertura fue creado entre 2003 y 2008 exclusivamente para proteger los depósitos de los ahorristas.
- Acción judicial: El Ministerio Público imputó a exdirectivos de la entidad bancaria por presunta lesión de confianza y otros delitos.
