Los salarios de empleados públicos podrían perder hasta un 29,36% de su poder de compra para el año 2033 en Costa Rica. La advertencia fue emitida por el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional tras evaluar las restricciones presupuestarias vigentes en el país centroamericano. El fenómeno responde a la aplicación sostenida de la regla fiscal y al constante encarecimiento del costo de vida.
Pérdida acumulada del poder adquisitivo
El análisis académico detalló que entre los años 2020 y 2025 las remuneraciones del sector estatal costarricense ya sufrieron una merma del 8,29% en su capacidad adquisitiva. La economista Roxana Morales explicó que quien disponía de cien mil colones en 2020 requería casi ciento diez mil colones en 2025 para adquirir exactamente la misma canasta de productos.
Esta situación se originó durante el periodo de crisis derivado de la pandemia de coronavirus y las metas de contención del gasto estatal. Aunque la economía experimentó variaciones en los años siguientes, los trabajadores no consiguieron recuperar los márgenes perdidos frente al índice de precios al consumidor. La erosión salarial afectó de manera uniforme a miles de hogares dependientes de la administración pública.
Impacto en los salarios de empleados públicos hacia 2033
El informe elaboró proyecciones sobre el impacto que tendría sostener el congelamiento de los salarios de empleados públicos durante los próximos años. En un escenario inflacionario desfavorable, un ingreso mensual de quinientos mil colones registraría un perjuicio real equivalente a casi ciento cuarenta y siete mil colones. Quienes perciben un millón de colones sufrirían una merma superior a los doscientos noventa y tres mil colones.
Desde el centro de estudios subrayaron que los trabajadores no verán una reducción numérica en sus depósitos bancarios mensuales. El problema radica en que los mismos montos nominales comprarán sustancialmente menos bienes conforme avance el tiempo. Este desajuste obligará a las familias a realizar ajustes drásticos en sus presupuestos cotidianos o a recurrir a préstamos para cubrir necesidades básicas.
La regla fiscal y el horizonte de endeudamiento
La normativa de sostenibilidad fiscal vigente impone topes estrictos al crecimiento de las erogaciones estatales en función de la deuda pública. Al cierre del periodo 2025, la relación entre el pasivo del Gobierno Central y el Producto Interno Bruto alcanzó un 60,4%. Al superar el límite del sesenta por ciento, la legislación ordena suspender cualquier ajuste salarial por costo de vida.
Las previsiones del Ministerio de Hacienda calculan que dicho porcentaje se mantendrá por encima de esa barrera crítica y trepará al 63,8% en 2031. De materializarse estas estimaciones oficiales, el congelamiento sobre los salarios de empleados públicos permanecería inalterable hasta 2033. El reciente aumento decretado en 2026 benefició únicamente a un segmento acotado de funcionarios con sueldos inferiores a la escala global.
Consecuencias socioeconómicas y propuestas de reforma
La reducción del poder de compra en el aparato estatal amenaza con trasladarse al conjunto de la actividad productiva de Costa Rica. Una contracción en la capacidad de gasto de los hogares debilita las ventas del comercio minorista y desalienta la contratación privada. Ante este escenario, la Universidad Nacional solicitó a las autoridades legislativas revisar las leyes de empleo público y fortalecimiento fiscal.
Los investigadores proponen diseñar esquemas de actualización que reconozcan el costo de vida sin comprometer la disciplina presupuestaria del Estado. El objetivo apunta a proteger el bienestar financiero de las familias sin vulnerar la estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos ejercicios fiscales.
Datos clave
- Deterioro salarial proyectado: El estudio de la Universidad Nacional prevé una caída de hasta el 29,36% en el poder de compra para 2033.
- Pérdida previa registrada: Entre los periodos 2020 y 2025 las remuneraciones del sector estatal ya experimentaron una baja real del 8,29%.
- Criterio de deuda pública: La regla fiscal congela las retribuciones debido a que la deuda supera el 60% del Producto Interno Bruto costarricense.
- Efectos en la economía: El menor consumo de las familias amenaza con frenar las ventas del sector comercial y desincentivar la inversión privada.
