El juez Eduardo Orozco ordenó que la exvicepresidenta Roxana Baldetti regrese de inmediato a prisión preventiva en Guatemala tras cancelarle los permisos especiales de salud. La resolución judicial determinó que la procesada debe ser reingresada al centro de detención para mujeres Santa Teresa, situado en la zona 18 de la capital guatemalteca. La medida se tomó al corroborarse el vencimiento formal de los plazos otorgados y la inasistencia prolongada a sus consultas médicas.
La determinación fue adoptada por el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B en el transcurso de una audiencia ligada a la causa conocida como Cooptación del Estado. La exfuncionaria siguió la diligencia por videoconferencia desde su vivienda particular, ámbito donde cumplía el beneficio temporal revocado a pedido del Ministerio Público.
La revocatoria del beneficio judicial
El Ministerio Público argumentó que Roxana Baldetti llevaba siete meses sin acudir a las evaluaciones con el especialista en neurocirugía en el Hospital General San Juan de Dios. La representación fiscal enfatizó que la procesada faltó a una cita médica programada y que el permiso concedido por 60 días ya había superado con creces su tiempo de vigencia legal cuando su defensa intentó prorrogarlo.
El juzgado consideró informes oficiales del hospital público que descartaron la posibilidad de enviar especialistas a la residencia de la procesada para examinarla. La institución sanitaria fundamentó esa negativa en la alta demanda y los turnos asignados a otros pacientes del sistema público. Debido a estas reiteradas ausencias, el magistrado resolvió que no existían bases jurídicas para extender el beneficio domiciliario.
Argumentos de la defensa y situación médica
El abogado defensor Melkin Escobar alegó que su patrocinada no se rehusó a las revisiones clínicas. Según la defensa técnica, el Sistema Penitenciario dispuso camionetas tipo picop para los traslados hacia el centro médico, vehículos que representaban un peligro directo para la columna de la exvicepresidenta por el impacto de los baches y el movimiento.
Durante su declaración, Roxana Baldetti insistió en que no violó las órdenes de la judicatura y expuso la gravedad de su cuadro de salud. Detalló que padece una patología ósea degenerativa incurable, severos problemas de cadera y el hallazgo de una masa cerebral que requiere estudios especializados. Asimismo, remarcó que carece de fondos propios para costear ambulancias privadas.
Pese a esos reclamos, el juez Orozco subrayó que la atención médica de los procesados está bajo la responsabilidad directa del Sistema Penitenciario, el cual debe garantizar las condiciones sanitarias dentro de los recintos de reclusión. La petición de extender el permiso por 30 días adicionales fue rechazada por haberse presentado de forma extemporánea.
El historial judicial del caso Cooptación del Estado
La causa Cooptación del Estado lleva una década de pesquisas e involucra a cerca de 75 personas, entre exautoridades y empresarios. La fiscalía sostiene que la estructura liderada presuntamente por el binomio del Partido Patriota desvió fondos públicos y lavó activos para sostener actividades políticas ilícitas entre los años 2012 y 2016.
La exvicepresidenta ya suma condenas en otras causas emblemáticas de corrupción en Guatemala. En 2018 recibió una pena de 15 años y medio por el proceso denominado Agua Mágica, mientras que en diciembre de 2022 fue sentenciada a 16 años por el expediente de defraudación aduanera La Línea. Además, mantiene pendiente un pedido formal de extradición hacia Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Datos clave
- Revocatoria judicial: El juez Eduardo Orozco ordenó el traslado inmediato de la procesada a la cárcel de mujeres Santa Teresa tras anular sus permisos médicos.
- Incumplimiento de plazos: El Ministerio Público demostró que la exfuncionaria acumuló siete meses sin asistir a las consultas de neurocirugía en el hospital público.
- Procesos acumulados: La causa Cooptación del Estado suma más de nueve años de demoras y analiza presuntos esquemas de lavado de dinero y cohecho.
