El debate sobre el resarcimiento a ahorristas afectados por la crisis financiera sumó una postura tajante en el Congreso de la Nación en Asunción. La senadora colorada Lilian Samaniego sostuvo que no corresponde sancionar una legislación especial para reparar a las víctimas patrimoniales, debido a que el marco legal de Paraguay ya contempla mecanismos operativos inmediatos para ordenar la restitución de bienes.
La parlamentaria centró su postura en la Ley 5876 promulgada en 2017, normativa que rige el funcionamiento de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados. A su criterio, la creación de nuevas normativas jurídicas solo postergará por años una solución que los ciudadanos afectados reclaman de manera apremiante.
La vigencia legal para el resarcimiento a ahorristas
De acuerdo con la argumentación de la legisladora, el artículo 47 de la norma de Senabico establece de forma expresa la figura de restitución preferencial a favor de quienes resultaron perjudicados. Dicho apartado autoriza a que los activos decomisados vuelvan a sus legítimos dueños o a entidades públicas dañadas con anterioridad a cualquier reparto estatal, condicionado únicamente a una resolución judicial firme.
En este sentido, Samaniego recalcó que los magistrados cuentan con la potestad formal de individualizar los importes o propiedades específicas que deben devolverse. Por ello, consideró que insistir en un estatuto diferenciado solo añadirá burocracia judicial en expedientes que habitualmente demoran más de un lustro en resolverse.
La senadora cuestionó la propuesta impulsada por el parlamentario Rafael Filizzola, quien planteó modificar el marco de Senabico para crear un fondo especial de compensación. La legisladora señaló que comprende el interés de sus colegas, pero advirtió que muchos litigios financieros se dilatan tanto que las víctimas terminan falleciendo sin acceder al cobro de sus ahorros.
Cuestionamientos a la conducción financiera y reclamo judicial
Durante su pronunciamiento, Samaniego dirigió duros reproches a las determinaciones institucionales previas que volcaron fondos importantes en entidades bancarias privadas. Subrayó que las urgencias de la población debieron tener prioridad absoluta frente a los intereses corporativos de determinados grupos comerciales y financieros.
En ese contexto, la representante de la Cámara Alta exhortó al Ministerio Público, a la Senabico y al Banco Central del Paraguay a desplegar sus atribuciones reglamentarias sin dilaciones. Reclamó que las pesquisas alcancen a todos los presuntos involucrados en el descalabro financiero vinculado al Banco Ueno y al Grupo Vázquez, independientemente de su jerarquía política.
La legisladora afirmó de forma tajante que la justicia tiene el deber de investigar caiga quien caiga, incluyendo al presidente Santiago Peña, a exmandatarios o a directivos estatales que pudieran tener algún grado de responsabilidad. Señaló que no deben admitirse fueros de privilegio frente al daño provocado al patrimonio de miles de depositantes paraguayos.
Control estricto a las nuevas autoridades bancarias
Al evaluar el papel del órgano regulador monetario, Samaniego remarcó que su acompañamiento legislativo a designaciones como la de Jorge Luis Schreiner no representa una complicidad tácita. Subrayó que el voto parlamentario no constituye un cheque en blanco y que vigilará de cerca el comportamiento de la cúpula reguladora.
Asimismo, criticó los reconocimientos internacionales otorgados en el pasado a exdirectivos de la banca matriz, como Carlos Carvallo, quienes posteriormente quedaron bajo sospecha y procesos investigativos por crisis bancarias. Instó a los funcionarios actuales a precautelar los recursos de la ciudadanía por encima de presiones de conglomerados económicos particulares.
El reclamo legislativo se produce en medio de una profunda inquietud social por la estabilidad financiera y la efectivización de medidas urgentes de resarcimiento a ahorristas en todo el territorio nacional.
Datos clave
- Postura legislativa: La senadora Lilian Samaniego se opone a redactar una nueva ley y exige ejecutar de inmediato la legislación actual para indemnizar a los perjudicados.
- Marco normativo vigente: El artículo 47 de la Ley 5876/2017 de Senabico ya autoriza a la justicia a ordenar la devolución prioritaria de bienes incautados a las víctimas.
- Advertencia por plazos: La parlamentaria alertó que tramitar un proyecto legislativo nuevo demoraría entre cinco y diez años en tribunales sin resolver la urgencia de la gente.
- Exigencia a la Fiscalía: Reclamó investigaciones exhaustivas sobre los vínculos financieros de Ueno Bank y el Grupo Vázquez, abarcando a cualquier autoridad estatal involucrada.






