Un grupo de legisladores presentó una propuesta legislativa para modernizar el registro de defunciones y nacimientos en centros médicos de Paraguay. La iniciativa parlamentaria busca ordenar las estadísticas vitales del país mediante la obligatoriedad de reportes informáticos inmediatos dentro de un plazo tope de 24 horas hábiles. Con este paso, las autoridades buscan cerrar la brecha que facilitó el desembolso irregular de pensiones a personas ya fallecidas.
El documento fue promovido de forma conjunta por los diputados Alexandra Zena, Dalia Estigarribia, Rocío Abed, Luis Federico Franco, Roya Torres, Jazmín Narváez y Pastor Vera. Los parlamentarios representan a distintos signos políticos y pretenden que los hospitales tanto públicos como privados remitan los certificados en tiempo real a la Dirección General del Registro del Estado Civil.
Pagos irregulares detectados por la Contraloría
El detonante directo del proyecto legislativo surge de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República sobre las arcas previsionales. El órgano de control detectó que el Instituto de Previsión Social desembolsó la suma de 58.715 millones de guaraníes entre 2020 y 2024 en concepto de haberes jubilatorios dirigidos a casi 11.000 beneficiarios que ya habían perdido la vida.
Este perjuicio representó un promedio estimado de 12.000 millones de guaraníes anuales en erogaciones indebidas. Si bien los mecanismos de supervisión interna del ente previsional lograron contener parte de las salidas monetarias durante 2025 y 2026, los proyectistas sostienen que las auditorías posteriores no corrigen el problema de fondo.
La digitalización del registro de defunciones
En la actualidad, el sistema estatal depende de actas físicas que se envían periódicamente en momentos puntuales de cada mes. Esa demora en actualizar el registro de defunciones generó una brecha operativa aprovechada para cobrar beneficios estatales sin que el ente previsional contara con una alerta temprana para suspender los giros bancarios.
La normativa proyectada establece que el hecho vital deba asentarse en el propio lugar donde ocurre. Tanto en partos como en decesos, los centros asistenciales confeccionarán la documentación electrónica y la conectarán de inmediato con el Registro Civil. De esta forma se prescindirá de que los familiares tengan que trasladar certificados en papel de una dependencia a otra.
Beneficios operativos y trámite legislativo
La eliminación del traslado de documentos físicos evitará a los ciudadanos gastos imprevistos de movilidad y esperas prolongadas. Al mismo tiempo, el formato digital resguardará las actas frente a extravíos, deterioros accidentales, incendios o eventuales inundaciones que suelen afectar a los archivos tradicionales en el territorio nacional.
La interconexión técnica entre las bases de datos de la cartera sanitaria, el Registro Civil y el Departamento de Identificaciones busca proteger los recursos públicos. Además de blindar los fondos de la previsión social frente a fraudes, la medida permitirá perfeccionar los registros de filiación y optimizar las políticas públicas con información demográfica certera.
El texto fue remitido a cinco órganos asesores de la Cámara Baja para su correspondiente estudio técnico. Las comisiones de Legislación y Codificación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud Pública, Ciencia y Tecnología, y Reestructuración y Modernización del Estado deberán emitir sus dictámenes antes de su tratamiento en el pleno.
Datos clave
- Iniciativa multipartidaria: siete parlamentarios de distintas bancadas impulsan la creación de un sistema de reporte inmediato en sanatorios y hospitales.
- Plazo máximo: los centros de salud tendrán 24 horas hábiles para notificar de manera electrónica los nacimientos y fallecimientos al Registro Civil.
- Antecedente financiero: la Contraloría descubrió desembolsos por más de 58.000 millones de guaraníes del IPS a favor de 11.000 beneficiarios fallecidos.
