El polémico régimen de excepción continuará vigente en El Salvador durante al menos treinta días adicionales tras la reciente determinación del parlamento. La Asamblea Legislativa respaldó la propuesta gubernamental en la sesión plenaria 127 con el propósito declarado de contrarrestar los movimientos residuales de las bandas delictivas. La disposición abarcará el periodo comprendido entre el 28 de septiembre y el 27 de octubre de 2026.
Fundamentos de la nueva extensión legislativa
El oficialismo parlamentario dio luz verde a la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo mediante el Consejo de Ministros, alcanzando 57 votos favorables. El pleno resolvió la aprobación de manera inmediata a través de la figura de dispensa de trámite. Los portavoces legislativos argumentaron que todavía se constatan comportamientos vinculados a las agrupaciones ilícitas en distintos puntos del territorio salvadoreño.
Entre las justificaciones volcadas en el texto oficial, las autoridades señalaron que el microtráfico de drogas continúa operando como una fuente primordial de recursos financieros para estas estructuras. Asimismo, los reportes institucionales advirtieron sobre incipientes maniobras de reclutamiento de menores y la aparición de simbología alusiva a las maras en fachadas de inmuebles comunitarios.
Frente a este escenario, los legisladores consideraron imprescindible mantener el despliegue operativo de las fuerzas de seguridad para evitar cualquier reorganización interna de estos grupos. El decreto correspondiente entrará formalmente en vigor luego de ser publicado en el Diario Oficial, una vez que culmine el lapso de la extensión anterior el 27 de septiembre.
El régimen de excepción y los derechos suspendidos
La herramienta extraordinaria fue sancionada por primera vez el 27 de marzo de 2022 a través del Decreto Legislativo 333, formulado en respuesta a una escalada de crímenes que conmocionó al país centroamericano. Aunque en una fase inicial implicaba limitar cinco garantías constitucionales, las sucesivas revisiones parlamentarias concentraron las restricciones sobre tres garantías específicas.
En la actualidad, las garantías intervenidas contemplan el derecho a la defensa letrada en las etapas preliminares, los plazos máximos para la detención administrativa y el secreto de las comunicaciones privadas. Estas facultades conceden a los investigadores la capacidad de ampliar el confinamiento preventivo de un sospechoso antes de remitirlo ante una sede judicial, además de habilitar interceptaciones telefónicas.
El gabinete de ministros defendió que la prolongación del régimen de excepción resulta vital para agilizar allanamientos, registros sorpresivos en la vía pública y capturas masivas. A criterio de las autoridades gubernamentales, suspender estas herramientas procesales en este momento debilitaría las tareas de inteligencia y persecución penal que ejecutan los efectivos policiales y militares.
Detenciones masivas e impacto en la región
De acuerdo con la información leída ante el Congreso salvadoreño, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 93.162 personas desde la activación de la estrategia en marzo de 2022. La nómina de reclusos incluye a presuntos miembros activos con diferentes rangos dentro de las bandas, así como individuos requeridos por homicidio, extorsión, robo y delitos vinculados al terrorismo.
El dictamen parlamentario también ponderó la articulación operativa mantenida con las fuerzas de seguridad de Guatemala, México y Estados Unidos. Esta cooperación interestatal posibilitó ubicar y extraditar a presuntos cabecillas que abandonaron El Salvador con el propósito de refugiarse en naciones limítrofes o en el norte del continente.
El modelo salvadoreño de combate contra la delincuencia organizada es objeto de un permanente debate en el Cono Sur y en Paraguay, donde sectores políticos y sociales analizan la tensión entre la demanda ciudadana de seguridad y las exigencias de respeto a los tratados de derechos humanos. La continuidad del régimen de excepción confirma la consolidación de un sistema punitivo extraordinario que ya sobrepasa los cuatro años ininterrumpidos de aplicación.
Datos clave
- Decisión parlamentaria: la Asamblea Legislativa ratificó la prórroga número 55 con 57 votos a favor bajo la modalidad de dispensa de trámite.
- Vigencia del decreto: la nueva extensión regirá en todo el territorio salvadoreño desde el 28 de septiembre hasta el 27 de octubre de 2026.
- Garantías limitadas: continúan restringidos el derecho a la defensa oportuna, la inviolabilidad de las comunicaciones y el límite habitual de la detención previa a la comparecencia ante un juez.
- Magnitud de los arrestos: el Poder Ejecutivo registra más de 93.162 personas aprehendidas por supuesta pertenencia o colaboración con agrupaciones criminales.
- Causas esgrimidas: los informes oficiales denunciaron persistencia de tráfico barrial de drogas, signos pandilleros en paredes y captación de jóvenes.
