El régimen de Daniel Ortega enfrenta nuevas propuestas de investigación penal y judicial internacional presentadas ante las Naciones Unidas en Nueva York. Durante una sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua expuso cuatro mecanismos concretos para exigir la rendición de cuentas de las autoridades centroamericanas por presuntas violaciones sistemáticas y crímenes internacionales.
El equipo presentó su informe titulado Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua. En el documento se detalla la intensificación de las medidas represivas contra opositores, líderes sociales y voces críticas. El especialista Reed Brody informó que la comisión ha individualizado a 56 personas, entre funcionarios estatales, mandos de seguridad y miembros del sistema judicial, con indicios razonables de responsabilidad.
Las cuatro rutas internacionales contra el régimen de Daniel Ortega
La primera vía planteada contempla la presentación de litigios interestatales frente a la Corte Internacional de Justicia. Esta medida responde al despojo arbitrario de la nacionalidad que dejó a cientos de ciudadanos en condición de apátridas o sin acceso a documentación básica como pasaportes oficiales.
Como segunda alternativa, los peritos sugirieron acudir a la Corte Penal Internacional para abordar hechos con impacto transfronterizo. Según puntualizó Brody, las deportaciones forzosas hacia naciones suscriptoras del Estatuto de Roma abren la puerta para que dicho tribunal asuma competencia sobre estos delitos.
El tercer canal corresponde al principio de jurisdicción universal, el cual faculta a cortes de terceros países a juzgar ilícitos graves sin importar dónde ocurrieron. De acuerdo con el reporte, este criterio ya se encuentra activo en tribunales de Argentina vinculados a causas nicaragüenses. Por último, se recomendó expandir las sanciones financieras y diplomáticas selectivas sobre los operadores estatales señalados.
Reclamo diplomático por detenciones y abusos sistemáticos
Diversas delegaciones internacionales manifestaron su profunda preocupación por las prácticas del régimen de Daniel Ortega durante el plenario de la Tercera Comisión. Representantes de Costa Rica, Chile, Uruguay, Brasil, Panamá, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Polonia, Georgia, la Orden Soberana de Malta y la Unión Europea repudiaron las capturas sin garantías y las desapariciones forzadas.
Los diplomáticos exigieron la liberación inmediata de los prisioneros por motivos políticos y el restablecimiento de las instituciones democráticas. En paralelo, el embajador chileno Roberto Ampuero remarcó la urgencia de coordinar respuestas que aseguren justicia efectiva y resguardo integral a los afectados por los abusos estatales.
Por su parte, la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Payá, advirtió que la negativa gubernamental a colaborar con los organismos globales no debe obstaculizar el acopio de pruebas probatorias ni la protección de los testimonios de las víctimas.
Persecución al gremio jurídico y daños territoriales
El Colectivo 46/2, integrado por 23 entidades de la sociedad civil, documentó que al menos 72 personas continúan encarceladas por causas políticas, de las cuales 33 permanecen en condición de desaparición forzada. Este grupo incluye a 16 mujeres y 16 personas adultas mayores bajo grave riesgo humanitario.
Desde el año 2018, el aparato gubernamental clausuró más de 5.660 organizaciones no gubernamentales, confiscó 61 medios de comunicación independientes y empujó al destierro a más de 300 trabajadores de prensa. Asimismo, un total de 452 ciudadanos sufrieron la revocación forzosa de su nacionalidad.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, denunció además que cerca de 2.000 profesionales del derecho fueron eliminados sin debido proceso del registro de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2026. A estas irregularidades se suman más de 300 activistas procesadas y el impacto ambiental de 75 concesiones mineras en reservas naturales y territorios indígenas de la Costa Caribe.
Datos clave
- Cuatro mecanismos: La ONU sugirió demandas ante la Corte Internacional de Justicia, denuncias en la Corte Penal Internacional, causas bajo jurisdicción universal y ampliación de sanciones dirigidas.
- Responsables señalados: El grupo investigador identificó a 56 funcionarios y operadores judiciales vinculados a presuntos crímenes y abusos de poder.
- Presos políticos: Organizaciones de derechos humanos registran al menos 72 personas privadas de libertad por motivos políticos, con 33 de ellas en desaparición forzada.
- Cierre cívico: Desde 2018 fueron canceladas más de 5.660 oenegés, 61 medios clausurados y cerca de 2.000 abogados inhabilitados por el Estado.
