La Organización de las Naciones Unidas solicitó revisar las recientes reformas penales en Honduras debido al peligro de que propicien detenciones arbitrarias y vulneraciones al debido proceso. El pronunciamiento fue emitido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en dicho país, tras la sanción de normativas dirigidas a combatir estructuras delictivas y maras. El organismo remarcó que las políticas estatales de seguridad deben ajustarse rigurosamente a los convenios internacionales vigentes.
Los reparos de la ONU a las reformas penales en Honduras
El informe del organismo internacional apuntó de manera específica a los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026, los cuales introdujeron modificaciones procesales severas. Según la entidad, varios artículos establecen restricciones semejantes a las de un régimen de excepción, aunque no exista una declaración formal bajo ese estatus de emergencia. Esta situación debilita las garantías individuales de la ciudadanía y deja abierta la puerta a posibles excesos policiales.
Uno de los aspectos más cuestionados radica en la utilización de tatuajes o rasgos corporales como indicios para vincular a una persona con pandillas organizadas. Durante el análisis de las reformas penales en Honduras, la entidad subrayó que la persecución judicial jamás debe basarse en el aspecto físico de los sospechosos. En ese sentido, los analistas alertaron que semejante criterio atenta de forma directa contra el principio de presunción de inocencia.
Riesgos procesales y allanamientos sin aval judicial
Las modificaciones legales también permiten que las fuerzas del orden efectúen allanamientos a viviendas sin exigir un control judicial posterior. De acuerdo con el dictamen de las Naciones Unidas, prescindir de la revisión por parte de un juez socava la protección constitucional del domicilio. Esta falta de fiscalización neutral incrementa la posibilidad de que se cometan abusos de autoridad durante las redadas en barrios populosos.
Asimismo, la advertencia pone especial énfasis en el impacto que estas medidas acarrean sobre colectivos vulnerables, como mujeres, adolescentes e infantes. La oficina humanitaria indicó que las amplias prerrogativas otorgadas a las fuerzas operativas podrían derivar en detenciones indebidas en contextos de movilización ciudadana. Por consiguiente, la falta de parámetros objetivos pone en riesgo el ejercicio legítimo de la protesta social y la labor de activistas.
Propuestas de control y resguardo institucional
Para mitigar el impacto de las reformas penales en Honduras en el sistema judicial, los expertos plantearon medidas urgentes de supervisión. La recomendación primordial consiste en crear un registro nacional de personas detenidas que sea público, transparente y de consulta inmediata. Esta herramienta resulta clave para prevenir desapariciones forzadas y asegurar que los familiares conozcan el paradero real de las personas aprehendidas.
Del mismo modo, el organismo internacional solicitó reforzar las capacidades técnicas de la Defensa Pública y asegurar la vigencia del recurso de habeas corpus. La entidad remarcó que los fiscales del Ministerio Público deben liderar las pesquisas para evitar abusos por parte de los cuerpos uniformados. Por último, se sugirió clasificar a los reclusos en los centros penitenciarios mediante evaluaciones individualizadas en lugar de aplicar criterios automáticos o generales.
Datos clave
- Revisión solicitada: La OACNUDH instó a examinar los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026 aplicados para combatir a las pandillas.
- Presunción de inocencia: Cuestionan que el uso de tatuajes o rasgos físicos sirva como indicio delictivo o causal de arresto.
- Allanamientos sin control: Advierten riesgos graves por la falta de fiscalización judicial posterior en los registros de viviendas.
- Mecanismos de protección: Piden crear un registro público de personas detenidas y garantizar el acceso irrestricto al habeas corpus.
