Las reformas de seguridad que proyecta el Congreso Nacional de Honduras buscan adaptar los esquemas punitivos y carcelarios implementados en El Salvador, tras confirmarse una serie de reuniones bilaterales entre delegaciones legislativas de ambos países. El titular del parlamento hondureño, Tomás Zambrano, anunció la formalización de un acuerdo de cooperación técnica con la Asamblea Legislativa salvadoreña con el fin de estudiar qué mecanismos legales pueden incorporarse a la normativa local contra el crimen organizado.
Una comitiva integrada por parlamentarios de las comisiones de Seguridad y Defensa viajó a territorio salvadoreño para revisar de primera mano los protocolos de combate a estructuras criminales, la gestión judicial y los modelos carcelarios que caracterizan la gestión de Nayib Bukele.
Alcances penales y reformas de seguridad en análisis
El paquete normativo que diseñan los legisladores contempla cambios sustanciales en los procedimientos investigativos y las garantías procesales. Entre los puntos que integran estas reformas de seguridad resalta la extensión de los plazos legales para la detención preventiva de presuntos sospechosos vinculados a maras y pandillas, lo que otorgaría mayor margen de maniobra a los cuerpos de investigación penal.
Asimismo, el proyecto evalúa la posibilidad de habilitar allanamientos sin orden judicial previa en situaciones directas relacionadas con redes delictivas. A esto se sumarían estrictas limitaciones a los beneficios penitenciarios concedidos a reclusos condenados por pertenecer a bandas organizadas, impidiendo su salida anticipada de las cárceles hondureñas.
El plan incluye también la tipificación y prohibición de tatuajes asociados con pandillas delictivas. Zambrano precisó que esta medida recaería exclusivamente sobre insignias vinculadas al crimen estructurado y descartó que alcance a grabados personales, artísticos o de índole familiar.
Inspección del Cecot y régimen carcelario
Dentro de la agenda en el país vecino, los parlamentarios hondureños prevén una visita técnica al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel destinada al aislamiento de internos de máxima peligrosidad. La observación de este recinto servirá de insumo para planificar obras de infraestructura en Honduras, que podría construir nuevos módulos de máxima seguridad para presos de alto riesgo.
Por otro lado, la mesa de trabajo legislativa examinará la legislación sobre la imputabilidad y responsabilidad penal de menores de edad. En este punto, las autoridades buscan comparar la rigurosidad del marco jurídico salvadoreño con la ley hondureña ante la participación reiterada de adolescentes en ilícitos graves cometidos por pandillas.
Zambrano adelantó que el borrador final requerirá un dictamen jurídico previo de la Corte Suprema de Justicia antes de someterse al plenario para su debate y eventual sanción. De igual forma, el presidente del legislativo descartó que el financiamiento de estas medidas involucre activos relacionados con casos financieros como Koriun.
Datos clave
- Convenio legislativo: Honduras y El Salvador trabajarán en cooperación técnica para evaluar la transferencia de leyes contra las pandillas.
- Inspección carcelaria: Diputados hondureños recorrerán el Cecot para analizar el diseño de nuevos centros de alta seguridad.
- Plazos y allanamientos: Se proyecta prolongar los arrestos preventivos y autorizar requisas sin aval judicial en casos de crimen organizado.
- Consulta judicial: Toda modificación legal quedará sujeta a una revisión constitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia hondureña.
