La reforma eléctrica en Panamá plantea cambios clave en el marco regulatorio del servicio para exigir mayor calidad y defender a los usuarios frente a deficiencias constantes. La propuesta oficial fue expuesta ante representantes empresariales durante un encuentro técnico celebrado en la capital del país.
El proyecto modifica normativas fundamentales vigentes desde fines de los noventa. Además de endurecer las sanciones ante eventuales fallas de servicio, reorganiza las obligaciones operativas del sector privado.
Alcance de la reforma eléctrica en Panamá
La administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Zelmar Rodríguez, expuso la iniciativa ante comisiones técnicas de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede). El plan propone modificar 19 artículos de la Ley 6 de 1997, reformar dos cláusulas de la Ley 26 de 1996 y sumar tres disposiciones inéditas.
Entre las medidas centrales destaca la reducción a 15 días hábiles para tramitar quejas de usuarios y multas que ascenderían a 20 millones de dólares por incumplimiento recurrente. Igualmente, las empresas deberán compensar con créditos directos en facturas los cortes imprevistos y publicar información técnica en línea.
Postura empresarial y debate técnico
El sector corporativo representado en Apede valoró la necesidad de modernizar el sistema hacia las concesiones previstas para 2028. No obstante, señalaron la relevancia de balancear los controles con la estabilidad jurídica indispensable para inversiones de gran escala.
Alberto López Tom, titular de Apede, enfatizó que Panamá requiere un esquema energético transparente y robusto para sostener el ritmo productivo. Por su parte, comisiones jurídicas del gremio advirtieron sobre los alcances de otorgar a distribuidoras la cobertura de zonas sin red y la gestión de compras energéticas.
Datos clave
- Sanciones elevadas: Multas contractuales de hasta 20 millones de dólares para empresas infractoras.
- Plazo de reclamos: Reducción a 15 días para la resolución de quejas de usuarios.
- Obligaciones de cobertura: Las firmas distribuidoras asumirán la extensión del tendido a comunidades sin servicio eléctrico.
- Transparencia en red: Publicación obligatoria en plataformas digitales de la capacidad del sistema para nuevas conexiones.
