El archivo de la reforma eléctrica costarricense se concretó este lunes 19 de octubre de 2026 en el parlamento del país centroamericano, al no alcanzar los votos requeridos para su aval definitivo. La propuesta legislativa, tramitada bajo el expediente 23.414, cosechó 31 sufragios a favor y 23 en contra durante el segundo y definitivo debate. Al contemplar la creación de una entidad autónoma, la iniciativa exigía una mayoría calificada de 38 respaldos que el oficialismo no logró aglutinar.
Con esta determinación se pone punto final a casi cuatro años de intensas negociaciones legislativas en torno al modelo energético. La normativa había sorteado su primer debate el 26 de mayo de 2026 con 27 votos favorables frente a 24 negativos. Sin embargo, la barrera constitucional impuesta por la creación de un nuevo ente público sepultó de manera definitiva las aspiraciones del Poder Ejecutivo de reestructurar el sistema.
El alcance de la reforma eléctrica costarricense y sus cambios
El plan energético impulsado inicialmente bajo la gestión del expresidente Rodrigo Chaves Robles y defendido por la actual administración de Laura Fernández Delgado perseguía crear el Mercado Eléctrico Nacional. Mediante este esquema, tanto empresas estatales como firmas privadas, cooperativas y grandes consumidores dispondrían de facultades para comercializar y comprar energía bajo nuevas pautas regulatorias. Dicha apertura permitía que usuarios industriales de alto consumo pactaran directamente sus contratos con generadores autorizados.
Otro aspecto estructural del proyecto residía en el nacimiento del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional. Este órgano autónomo asumiría las tareas de operación, despacho y administración que hoy recaen en el Instituto Costarricense de Electricidad. Mientras los promotores defendían la necesidad de atraer inversiones privadas ante la creciente demanda de energía, los sectores críticos advertían sobre el riesgo de debilitar a la principal empresa pública y encarecer las tarifas ciudadanas.
Las fracturas políticas que sepultaron la iniciativa
El tablero de votación expuso marcadas divisiones entre las distintas bancadas de la Asamblea Legislativa. Los 30 legisladores del oficialista Partido Pueblo Soberano contaron únicamente con el respaldo externo de Abril Gordienko, diputada del Partido Unidad Social Cristiana. En la vereda opuesta, el bloque opositor sumó los 15 votos del Partido Liberación Nacional, siete representantes del Frente Amplio y la diputada Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana, registrándose además tres ausencias.
Los intentos de concertación previos no fructificaron debido a fuertes desacuerdos presupuestarios ajenos a la propia materia energética. El jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, intentó sin éxito sellar acuerdos con siete congresistas liberacionistas para sumar apoyos. No obstante, el Partido Liberación Nacional supeditó cualquier entendimiento a reclamos por recortes a los fondos de las universidades públicas, descartando un pacto formal según ratificó su líder de bancada, Álvaro Ramírez.
Cruce de reproches y presentación de planes alternativos
Consumado el revés en el plenario, Nogui Acosta criticó con dureza a los bloques opositores por frenar la competitividad y la modernización del suministro nacional. Paralelamente, la diputada Gordienko, pese a votar a favor, atribuyó el fracaso a la impericia negociadora del Gobierno de Laura Fernández Delgado. Por su parte, Liberación Nacional formalizó cuatro proyectos alternativos, entre ellos la Ley de Seguridad Energética y Modernización del Sistema Eléctrico Nacional, orientados a preservar el rol central de la empresa estatal.
El archivo definitivo de la reforma eléctrica costarricense ratifica que el Instituto Costarricense de Electricidad continuará ejerciendo el control operativo y la coordinación del sector en el corto plazo. Las autoridades aclararon que la falta de aprobación de esta ley no interrumpe el abastecimiento regular ni genera variaciones inmediatas en las tarifas para los usuarios. No obstante, el debate sobre la sostenibilidad y apertura de la matriz eléctrica permanece abierto en el escenario político regional.
Datos clave
- El plenario archivó el proyecto al registrar 31 votos favorables y 23 en contra, quedando a siete sufragios de la mayoría calificada exigida.
- El Instituto Costarricense de Electricidad conservará sus facultades históricas de coordinación operativa y rectoría técnica sobre el sistema energético nacional.
- El Partido Liberación Nacional presentó cuatro propuestas alternativas tras rechazar el modelo del oficialismo, incluyendo el expediente legislativo 25.781.
- La iniciativa naufragó tras casi cuatro años de debate legislativo debido a la falta de consenso sobre el recorte de fondos para las universidades públicas.
