La propuesta para reducir la edad punible cobró renovada fuerza en Honduras luego de que mandos policiales respaldaran revisar las sanciones a menores vinculados al crimen organizado. La discusión se intensificó tras advertirse la constante utilización de adolescentes por parte de grupos delictivos para perpetrar extorsiones y ataques violentos en varias comunidades del país centroamericano.
El titular de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas, Daniel Molina, manifestó públicamente su respaldo a examinar el régimen de sanciones aplicables a los jóvenes involucrados en redes criminales. Desde la perspectiva institucional, el comisionado remarcó que las estructuras criminales manipulan intencionalmente a menores de edad con el objetivo de aprovechar las garantías legales vigentes y esquivar las penas que corresponden a los adultos.
El impacto del reclutamiento de menores por pandillas
Las tareas operativas desplegadas por las fuerzas de seguridad hondureñas exponen un patrón recurrente en las zonas urbanas más conflictivas. Según Molina, se ha constatado que líderes adultos imparten directivas expresas a jóvenes de entre 15 y 18 años para ejecutar cobros extorsivos y hechos punibles de gravedad.
Un caso testigo ocurrió durante un operativo contra el desplazamiento forzado en el sector de Villa Nueva. En ese procedimiento, agentes de inteligencia aprehendieron a cuatro menores presuntamente vinculados a la Pandilla 18 tras denuncias de vecinos. A pesar de que una de las víctimas reconoció en el sitio a uno de los sospechosos, los procedimientos del fuero juvenil determinaron su pronta liberación.
Las cifras oficiales también reflejan esta problemática en el delito de extorsión. De una nómina reciente de 42 personas aprehendidas por este ilícito, alrededor de siete eran menores que finalmente no pudieron ser procesados bajo las mismas figuras penales aplicadas a los mayores de edad.
El debate sobre reducir la edad punible en Centroamérica
El reclamo de las fuerzas de seguridad para reducir la edad punible responde a una realidad compleja que comparten varios países de la región. En el debate latinoamericano, donde Paraguay también analiza periódicamente la legislación penal adolescente, las tensiones entre la seguridad pública y las garantías procesales de la niñez marcan la agenda legislativa.
Molina admitió que la iniciativa de reducir la edad punible tropieza con restricciones normativas sustanciales. La legislación hondureña actual consagra un enfoque protector especial hacia los niños y adolescentes, en concordancia con múltiples convenios internacionales de derechos humanos suscritos por la nación.
Modificar estas directrices exige armonizar las demandas de seguridad con los compromisos de protección integral, lo que representa el principal obstáculo para cualquier reforma penal en el Congreso Nacional hondureño.
Reformas en análisis y trabas de los tratados internacionales
Entre las medidas bajo análisis parlamentario no solo figura reducir la edad punible, sino también elevar las sanciones para adolescentes que incurran en homicidios o extorsión. Otra iniciativa propone juzgar como adultos a aquellos menores que formen parte de agrupaciones catalogadas formalmente como estructuras terroristas.
Asimismo, las autoridades consideran la habilitación de establecimientos de rehabilitación con régimen de máxima seguridad. Estos centros buscarían albergar con medidas estrictas a infractores juveniles implicados en crímenes complejos, evitando el contacto con redes penitenciarias comunes y procurando frenar la reincidencia.
Datos clave
- Iniciativa en discusión: Autoridades policiales apoyan modificar el régimen penal ante la recurrente participación de adolescentes en maras y pandillas.
- Evidencia operativa: De un grupo de 42 detenidos por extorsión, cerca de siete correspondieron a menores que no pudieron ser imputados bajo las mismas condiciones.
- Propuestas legislativas: Se evalúa elevar las penas, juzgar como adultos a miembros de grupos terroristas y construir penitenciarías juveniles de máxima seguridad.
- Límites jurídicos: La ratificación de tratados internacionales sobre derechos de la niñez condiciona los alcances de cualquier reforma procesal en Honduras.
