Una presunta red de sextorsión motivó la extradición de dos ciudadanos de República Dominicana hacia San Juan para someterse a la justicia estadounidense. Los procesados enfrentan cargos formales por conspirar para cometer acoso cibernético y transmitir amenazas interestatales. Las diligencias policiales permitieron concretar la captura y posterior traslado bajo custodia de los sospechosos.
La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico confirmó que Patricia Joanna A. y Rineldys Feliciano D. resultaron arrestados el 19 de agosto de 2026. La aprehensión respondió a un pedido expreso de los organismos judiciales norteamericanos. El traslado definitivo ocurrió el 30 de septiembre, fecha tras la cual ambos acusados comparecieron ante un tribunal federal.
El mecanismo de captación y chantaje digital
De acuerdo con los documentos judiciales presentados por la Fiscalía federal, los involucrados actuaban desde territorio dominicano y utilizaban plataformas virtuales para ubicar a sus objetivos. El contacto inicial se realizaba a través de servicios como Facebook y WhatsApp, buscando atraer a residentes de Puerto Rico. La finalidad central consistía en exigir pagos monetarios para no publicar material privado.
Los informes oficiales detallan que Patricia utilizaba su propia imagen para entablar comunicación con las personas afectadas. Durante las interacciones, incentivaba a las víctimas a intercambiar material visual íntimo. Sin embargo, las autoridades señalaron que dichas secuencias eran grabadas clandestinamente sin la autorización ni el conocimiento de los usuarios afectados.
Montajes con menores y exigencias económicas
Posteriormente a la obtención de los registros audiovisuales, Rineldys y otros presuntos colaboradores iniciaban las presiones económicas. Los atacantes exigían montos de dinero bajo la advertencia de remitir las imágenes comprometedoras a familiares, amistades y conocidos laborales de los afectados. En diversas ocasiones, el grupo elaboró fotomontajes engañosos.
Estas manipulaciones gráficas fusionaban las imágenes íntimas de las víctimas con fotografías de menores de edad. De esa manera, los extorsionadores buscaban aparentar que las personas contactadas participaban en actos sexuales ilícitos con niños o adolescentes. La presión derivó en que varios afectados vaciaran sus cuentas bancarias, aunque los pagos no evitaron que el material fuera difundido.
El trabajo del FBI y el proceso judicial por la red de sextorsión
Las pesquisas estuvieron a cargo del Buró Federal de Investigaciones a través de su oficina en San Juan. El agente especial Carlos R. Goris remarcó que estos delitos cibernéticos causan daños económicos severos y dejan huellas psicológicas profundas en quienes los padecen. Por este motivo, exhortó a la ciudadanía a radicar denuncias inmediatas ante incidentes sospechosos.
El fiscal federal interino Héctor Ramírez-Carbó sostuvo que las autoridades procesarán a quienes exploten a usuarios en plataformas digitales, sin importar la jurisdicción geográfica en la que operen. La causa es impulsada por el fiscal federal auxiliar Julián Radzinschi, quien integra la División de Fraude Financiero y Corrupción Pública.
En las diligencias colaboraron la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, el agregado jurídico en Santo Domingo, el Servicio de Alguaciles Federales y organismos policiales dominicanos. Bajo la sección 371 del título 18 del Código de Estados Unidos, los acusados enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión si resultan declarados culpables por un juez federal.
Datos clave
- Extradición concretada: Dos ciudadanos dominicanos llegaron a Puerto Rico el 30 de septiembre de 2026 para enfrentar cargos federales.
- Plataformas utilizadas: Los acusados operaban perfiles en redes sociales como Facebook y WhatsApp para captar y engañar a las víctimas.
- Agravante del chantaje: Se detectaron montajes que mezclaban material íntimo de las víctimas con imágenes de menores de edad.
- Sanción potencial: En caso de recibir un veredicto de culpabilidad, la condena máxima contemplada es de hasta cinco años de prisión.
