El recorte a universidades públicas aprobado en comisión legislativa provocó el rechazo formal del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), que resolvió solicitar el análisis de una eventual acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional.
La determinación institucional se adoptó de manera unánime a través de un acuerdo en firme durante la sesión ordinaria número 7038, celebrada el 27 de octubre de 2026. Las autoridades académicas cuestionan la supresión de ₡8.048 millones, equivalentes a unos 17,7 millones de dólares estadounidenses, dentro del proyecto de ley del presupuesto nacional para el ejercicio económico de 2027.
Impacto directo del recorte a universidades públicas en la comunidad educativa
De acuerdo con la advertencia de los representantes académicos, una merma financiera de esta magnitud compromete seriamente los programas de apoyo a las poblaciones más vulnerables. La reducción pone en riesgo la cobertura de becas estudiantiles, las residencias universitarias, los servicios de comedor y la atención primaria de salud.
Asimismo, las autoridades advirtieron que la falta de recursos afectará el sostenimiento de las sedes regionales situadas fuera de la Gran Área Metropolitana, así como la investigación científica y las iniciativas de extensión comunitaria. Los fondos en controversia pertenecen al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) y correspondían a compromisos adquiridos en noviembre de 2025 para compensar deudas de los periodos 2020 y 2021.
Modificación presupuestaria en la Asamblea Legislativa
La moción que recortó las partidas fue promovida por la bancada oficialista en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios del Congreso costarricense. El ajuste se tramitó mediante la moción número 16 correspondiente al expediente legislativo 25.754, que rige la ley general de gastos del Estado para 2027.
El dinero detraído de la educación superior estatal fue reasignado al Ministerio de Educación Pública (MEP). El propósito de esta transferencia es cubrir aportes patronales que el Estado adeuda a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), una decisión que la academia considera contraria a los acuerdos previos suscritos en la Comisión de Enlace.
Debate constitucional y vías jurídicas de impugnación
El órgano de gobierno de la UCR fundamenta su rechazo en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de Costa Rica. Dichas normas garantizan la autonomía universitaria, la independencia para la administración de su patrimonio y la obligación del Estado de dotar a las casas de estudio de rentas propias que aseguren su funcionamiento continuo.
En ese contexto, el Consejo Universitario encomendó a sus dependencias técnicas evaluar, en conjunto con el Consejo Nacional de Rectores (Conare), la viabilidad de recurrir a la Sala IV para frenar la medida. De forma paralela, legisladores de la fracción parlamentaria del Frente Amplio formalizaron una consulta de constitucionalidad ante el alto tribunal contra la redistribución del gasto aprobada en la comisión legislativa.
Datos clave
- El monto recortado asciende a ₡8.048 millones (aproximadamente USD 17,7 millones) del presupuesto de 2027.
- La Comisión de Asuntos Hacendarios reasignó los fondos al Ministerio de Educación Pública para saldar obligaciones de pensiones con Jupema.
- Los artículos 84 y 85 de la Constitución Política respaldan el reclamo de autonomía financiera invocado por las universidades estatales.
- La decisión final dependerá del debate que sostenga el Plenario de la Asamblea Legislativa y del eventual pronunciamiento de la Sala Constitucional.
