Una fuerte polémica sobre la rebaja de penas sacude al gobierno de Chile luego de que se confirmaran medidas carcelarias a favor de personas sentenciadas por delitos sexuales y violaciones de derechos humanos. La administración encabezada por el presidente José Antonio Kast argumentó que las resoluciones respondieron a obligaciones legales estrictas ante los reclamos de diversos sectores. La controversia provocó que el Congreso chileno convocara a sesiones extraordinarias ante el descontento social e institucional.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo en declaraciones a radio Duna que el Poder Ejecutivo actuó conforme al marco legal vigente. Según sus explicaciones, la existencia de normas constitucionales de aplicación inmediata dejó sin margen de discrecionalidad a las autoridades, lo que obligó a firmar las resoluciones penitenciarias correspondientes para los reclusos que solicitaron los beneficios.
Alcance de las medidas y la rebaja de penas
Las publicaciones de prensa que destaparon el caso revelaron que decenas de sentenciados accedieron a estos beneficios carcelarios. De acuerdo con el medio de investigación Interferencia, al menos 56 personas con fallos por violación y abusos sexuales obtuvieron una disminución de sus castigos desde que el actual mandatario asumió sus funciones a comienzos de año.
Posteriormente, el portal de noticias El Mostrador expuso que las medidas alcanzaron también a dos hombres recluidos por delitos de lesa humanidad perpetrados durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Dicho régimen, que rigió el país entre 1973 y 1990, dejó un saldo documentado de más de 3.200 víctimas entre fallecidos y detenidos desaparecidos.
El ordenamiento penal en Chile faculta a los reclusos con evaluaciones de buena conducta a solicitar disminuciones de condena una vez que hayan cumplido la mitad de la pena impuesta por los tribunales. Sin embargo, la inclusión de agresores sexuales y procesados por crímenes sistemáticos generó un inmediato repudio de agrupaciones civiles.
Freno a decretos y medidas legislativas
Frente al malestar ciudadano y las críticas recibidas, la cartera de Justicia determinó pausar de forma temporal la firma de nuevos decretos de esta índole. A través de un pronunciamiento oficial, la institución detalló que impulsará una iniciativa legislativa para bloquear de manera expresa el acceso a tales beneficios a cualquier individuo hallado culpable de abusos contra menores de edad.
En paralelo, bancadas opositoras en el Parlamento convocaron a un debate legislativo de carácter urgente para pedir explicaciones formales sobre el procedimiento adoptado. Distintos parlamentarios anticiparon que evalúan iniciar un juicio político contra el titular de la cartera judicial por su responsabilidad administrativa en los decretos firmados.
Perfil del ministro y tensión institucional
La figura de Fernando Rabat ya concentraba críticas previas por sus antecedentes profesionales. En 2004, el actual funcionario se desempeñó como representante legal de Pinochet en una causa por presunta malversación de fondos públicos, investigación que terminó archivada tras la muerte del exdictador.
Su gestión en el ministerio también ha enfrentado cuestionamientos de parte de organismos defensores de garantías fundamentales. Recientemente, su administración presentó una propuesta legislativa orientada a suprimir la facultad del Instituto Nacional de Derechos Humanos para presentar querellas en estrados judiciales.
Asimismo, el ministerio proyecta recortes presupuestarios para 2027 sobre el Plan de Búsqueda establecido en 2024, el cual busca determinar el paradero de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar chilena.
Datos clave
- Decenas de beneficiados: Se contabilizan al menos 56 sentenciados por delitos sexuales y dos por crímenes dictatoriales que recibieron reducciones de castigo.
- Defensa oficial: El ministro de Justicia alegó que la aplicación de los decretos responde a obligaciones constitucionales y legales ineludibles.
- Respuesta política: La oposición en el Congreso convocó a una sesión extraordinaria y analiza la posibilidad de impulsar un juicio político.
- Freno a nuevos trámites: El Poder Ejecutivo congeló la emisión de futuros decretos y enviará un proyecto para excluir a culpables de abusos sexuales contra menores.
