La jueza de Ejecución Penal Sandra Noelia Kirchhofer dispuso el traslado urgente de Ramón González Daher a un nuevo pabellón dentro de la penitenciaría de Emboscada. La resolución judicial responde al marcado deterioro físico del condenado, quien requiere de asistencia facultativa permanente y medicación específica para múltiples patologías crónicas.
Motivos de salud de Ramón González Daher
El dictamen judicial se respaldó en el Auto Interlocutorio número 495, formalizado a partir de una solicitud de tutela de derechos presentada por las abogadas María Gloria Núñez y Karina Rocca. El equipo legal detalló un cuadro clínico complejo en el interno de 75 años, destacando un declive preliminar del 40 % en su vista, lo que limita significativamente su autonomía dentro del penal.
Asimismo, los diagnósticos médicos expuestos señalan que el recluso sufre hipertensión arterial severa, diabetes de tipo 2, cardiopatía hipertensiva y un cuadro de fibrilación auricular crónica. A estas dolencias se sumaron recientes dificultades pulmonares con sospecha de un proceso neumónico, lo que obligó a replantear sus condiciones de internamiento carcelario.
Reubicación estratégica y condiciones penitenciarias
La magistrada resolvió que el privado de libertad sea asignado al módulo 2 del Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, dejando atrás el módulo 7. Esta determinación obedece a la cercanía inmediata que tiene dicho bloque con el sector de sanidad, permitiendo una rápida intervención del personal de guardia ante cualquier crisis médica imprevista.
Los informes técnicos y criminológicos del establecimiento penitenciario señalan que el interno presenta una calificación de bajo riesgo y califica para seguridad mínima o media. La jueza puntualizó que Ramón González Daher no posee registros de sanciones disciplinarias, por lo que la reubicación responde exclusivamente a la preservación de su integridad física y dignidad humana, sin alterar en modo alguno el cumplimiento estricto de su sentencia de 15 años de prisión.
Plazo perentorio y advertencia por desacato judicial
La orden impartida por el juzgado de ejecución incluye obligaciones directas para el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. Las autoridades responsables deben asegurar el suministro continuo de fármacos, una dieta adaptada a sus condiciones metabólicas y traslados externos custodiados para consultas oftalmológicas de alta complejidad que no puedan desarrollarse dentro de la institución.
El fallo concedió un plazo improrrogable de 24 horas a los directores del penal para remitir un reporte exhaustivo donde conste la concreción del traslado y las medidas sanitarias implementadas. Si las autoridades omiten el cumplimiento de esta directiva en el tiempo establecido, la jueza advirtió que elevará los antecedentes al Ministerio Público para abrir una investigación penal por presunto desacato.
El contexto judicial y el régimen carcelario
En el sistema judicial paraguayo, los incidentes de tutela jurisdiccional constituyen una vía procesal para cautelar los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad frente a omisiones institucionales. Cuando el estado físico de un recluso empeora sensiblemente, los magistrados de ejecución tienen el deber de ordenar ajustes razonables para evitar perjuicios irreparables a la vida y la salud.
En este marco legal, las garantías de acceso a tratamientos médicos no eximen a los penados del régimen de encierro dictado en sus condenas definitivas. La administración penitenciaria de Emboscada debe ahora compatibilizar el rigor de la custodia estatal con la atención médica intensiva que exige la condición clínica del recluso.
Datos clave
- Traslado inmediato: el recluso pasa del módulo 7 al módulo 2 en la cárcel de Emboscada para encontrarse a corta distancia del área de sanidad.
- Complejidad médica: padece problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2 y una reducción aproximada del 40 % en su capacidad visual, además de sospecha de neumonía.
- Plazo estricto: el penal dispone de 24 horas para certificar la reubicación y garantizar los tratamientos médicos ante la jueza Sandra Kirchhofer.
- Consecuencias legales: el incumplimiento de la disposición judicial derivará en una denuncia penal ante el Ministerio Público por posible desacato.
