La protección de la niñez demanda una intervención urgente y articulada del Estado hondureño para evitar que menores vulnerables caigan en redes delictivas, advirtió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. El organismo exhortó a las entidades gubernamentales a garantizar servicios esenciales como educación y salud, junto con entornos familiares protectores. El pronunciamiento surge ante el constante riesgo de captación por parte de grupos ilícitos en comunidades empobrecidas.
Cándida Maradiaga, titular de la Defensoría de la Niñez del ente defensor, explicó que los adolescentes en conflicto con las normas no son inimputables. En la nación centroamericana opera un sistema de responsabilidad penal para la franja de 12 a 18 años, con sanciones de hasta ocho años de privación de libertad.
Factores de exclusión y riesgos comunitarios
El organismo defensor alertó que la precariedad económica empuja a miles de menores a situaciones de extrema vulnerabilidad. Alrededor de un millón de niños y jóvenes se encuentran actualmente afectados por el trabajo infantil o sobreviven en las calles. Esta cifra general refleja una severa falta de contención en las comunidades más golpeadas por la marginación.
Muchos de los procesados por la justicia juvenil provienen de hogares fracturados por la migración internacional de los padres, quedando bajo el cuidado precario de terceros. En estos contextos abundan denuncias de abuso sexual, explotación comercial y trata de personas. La entidad subrayó que una efectiva protección de la niñez debe iniciar en la propia familia y en las escuelas locales.
Situación del sistema penal y medidas socioeducativas
Actualmente, unos 157 jóvenes permanecen recluidos en cinco centros pedagógicos del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores. La cifra evidencia un descenso notable en comparación con 2017, cuando la población privada de libertad alcanzaba las 600 personas durante una época marcada por constantes motines e incendios.
Esta reducción obedece a la aplicación estricta de las directrices internacionales y al impulso de medidas alternativas al encierro. La institución recalcó que la privación de la libertad debe utilizarse solo como último recurso, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada en 1990.
Respuestas integrales para la protección de la niñez
El abordaje estatal debe equilibrar la rendición de cuentas con programas reales de reinserción ciudadana. La formación de jueces y fiscales ha permitido transitar hacia un esquema socioeducativo que evalúa la edad y el entorno comunitario de cada implicado. Para consolidar este cambio, resulta imperativo atender integralmente a las familias en extrema pobreza mediante alternativas formativas.
Para Paraguay y otros países de la región, los desafíos de la justicia juvenil presentan similitudes profundas. La experiencia hondureña demuestra que endurecer penas sin atacar las causas estructurales no resuelve la violencia. Una adecuada protección de la niñez exige prevención temprana y un sistema garantista que evite la reincidencia.
Datos clave
- Población en riesgo: Cerca de un millón de menores hondureños padecen el trabajo infantil o viven en situación de calle.
- Centros pedagógicos: La cifra de adolescentes internados bajó de 600 internos en 2017 a 157 en la actualidad.
- Régimen legal: La responsabilidad penal juvenil rige entre los 12 y 18 años, con sanciones máximas de ocho años.
- Marco normativo: Se priorizan medidas alternativas basadas en la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada en 1990.
