Las investigaciones en torno a las propiedades de Santiago Peña sumaron un nuevo capítulo procesal luego de que un empresario local presentara documentos que descartan su vinculación con la causa. El ciudadano José Luis Módica Alsina formuló un reclamo oficial ante el Ministerio Público para señalar que sus terrenos en San Bernardino fueron incluidos de forma equivocada en una medida cautelar restrictiva.
La intervención judicial inicial abarcó ocho parcelas situadas en el departamento de Cordillera, como parte de una pesquisa penal por presunta lesión de confianza. No obstante, las constancias registrales acercadas por la defensa del afectado demostraron que dichos inmuebles se ubican a unos cinco kilómetros de distancia del predio bajo investigación.
La confusión registral en Cordillera
La traba de las medidas restrictivas derivó de una resolución firmada por el juez penal de garantías Humberto Otazú. El magistrado había dispuesto la prohibición de innovar, la prohibición de contratar y un embargo preventivo sobre diversos lotes ubicados en la villa veraniega.
Dicha determinación respondió a una solicitud planteada por una comitiva de fiscales delegados de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Los agentes fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez requirieron estas disposiciones cautelares con el propósito de evitar transferencias de dominio o modificaciones registrales mientras transcurre el proceso penal.
Sin embargo, al ejecutar la orden sobre el catastro de la zona, los datos catastrales alcanzaron inmuebles privados que carecen de nexos comerciales, familiares o jurídicos con el exmandatario imputado.
La delimitación de las propiedades de Santiago Peña
Frente a este escenario, Módica Alsina entregó formalmente los títulos de propiedad originales y los planos cartográficos correspondientes ante los agentes intervinientes. A través de este trámite administrativo, el recurrente probó que su terreno no guarda relación con las conocidas propiedades de Santiago Peña ni con la edificación intervenida semanas atrás.
El propietario explicó en un pronunciamiento público que recurrió a la sede fiscal para deslindar cualquier responsabilidad en el expediente judicial identificado como la causa número 92/26. Su presentación técnica evidenció que los lotes embargados por error están a una distancia considerable de las fincas objeto de pesquisa.
Asimismo, el afectado remarcó la importancia de brindar certeza sobre la titularidad de su patrimonio para evitar interpretaciones erróneas entre la ciudadanía y los medios de comunicación.
El pedido formal para corregir la medida cautelar
Tras el análisis de los planos y las escrituras arrimadas por el denunciante, los representantes del Ministerio Público reconocieron la imprecisión técnica en la individualización de los inmuebles. De acuerdo con el descargo, la representación fiscal ya gestionó los mecanismos procesales pertinentes ante el juzgado interviniente.
El equipo acusador solicitó de manera oficial al juez Humberto Otazú la subsanación de la providencia que decretó las restricciones sobre las fincas de Módica Alsina. La corrección registral permitirá levantar las prohibiciones de contratar e innovar que pesaban injustamente sobre esas parcelas de San Bernardino.
En el ámbito del derecho procesal paraguayo, estas medidas de aseguramiento buscan salvaguardar bienes ante eventuales decomisos, pero exigen una estricta rigurosidad cartográfica para no vulnerar derechos de terceros ajenos a las causas penales. Con este trámite, la Fiscalía busca mantener las medidas restrictivas exclusivamente sobre las auténticas propiedades de Santiago Peña y las personas formalmente imputadas en el esquema investigado.
Datos clave
- Aclaración documental: El empresario José Luis Módica Alsina demostró con títulos y planos que sus terrenos no guardan vínculo con el proceso penal.
- Distancia geográfica: Los inmuebles erróneamente afectados se encuentran a unos cinco kilómetros de la residencia investigada en San Bernardino.
- Equipo fiscal: La medida cautelar inicial fue solicitada por los agentes Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez.
- Subsanación en trámite: El Ministerio Público solicitó al juez penal de garantías Humberto Otazú que levante el embargo preventivo sobre los terrenos particulares.
