El programa Hambre Cero enfrenta serios riesgos de interrupción operativa debido a los considerables atrasos del Estado paraguayo en los pagos a las firmas contratistas. La advertencia fue lanzada en Asunción por el senador Mario Varela, quien solicitó formalmente a la administración del presidente Pedro Alliana que revise los criterios aplicados por la cartera económica para liquidar estas obligaciones.
Durante una sesión en la Cámara Alta, el legislador expuso que las dificultades financieras ponen en jaque la continuidad de la alimentación escolar en todo el país. La inquietud se centra en la estabilidad de pequeñas y medianas empresas que suministran raciones y que actualmente carecen de liquidez para operar con normalidad.
Cuestionamientos al criterio de desembolsos del Ministerio de Economía
El legislador colorado detalló que el Ministerio de Economía y Finanzas concretó la semana pasada erogaciones por un total de 78,9 millones de dólares para honrar diversos compromisos públicos. Sin embargo, Varela reprochó la falta de equidad en la distribución de dichos fondos entre todas las compañías contratadas por el Estado paraguayo.
Como caso puntual, citó a la firma Comepar, vinculada al empresario Miguel Ángel Cardona, entidad que percibió cerca de 3,85 millones de dólares durante los recientes desembolsos estatales. En marcado contraste, otras contratistas del programa Hambre Cero acumulan hasta cuatro meses enteros de retrasos en sus cobros reglamentarios.
Esta asimetría en las acreditaciones genera una situación de vulnerabilidad extrema para las proveedoras de menor porte. Muchas de estas compañías ya registran deudas bancarias insostenibles, asfixia económica y el inminente peligro de quiebra si el flujo de transferencias no se regulariza con urgencia.
Impacto en las cocineras y el servicio escolar
La falta de cobro oportuno no solo perjudica el patrimonio societario de los proveedores, sino que compromete de manera directa la cadena laboral que sostiene las comidas diarias en las instituciones educativas. Varela enfatizó el drama social que acompaña al retraso institucional en el desembolso de estos recursos.
El parlamentario puntualizó que alrededor de 26.000 cocineras y ayudantes de cocina sufren directamente las consecuencias económicas del desajuste estatal, encontrándose muchas de ellas sin percibir sus haberes a raíz de la insolvencia de las patronales contratistas. El legislador remarcó que las autoridades deben evitar cargar el peso de la falta de previsión pública sobre los trabajadores.
La eventual suspensión del servicio dejaría a miles de niños y niñas en edad escolar sin el aporte nutricional diario que brinda el programa Hambre Cero en las escuelas públicas. Ante este panorama, el Congreso Nacional exigió explicaciones técnicas formales respecto al orden de prioridades que implementa la administración central al momento de cancelar deudas pendientes.
Exigencia de un presupuesto estatal realista y sostenible
Al analizar la gestión de las cuentas públicas, el senador cuestionó la gestión de las obligaciones financieras heredadas del gobierno anterior encabezado por Santiago Peña. Sostuvo que el Estado paraguayo debe estructurar su presupuesto basándose rigurosamente en la capacidad real de recaudación y de financiamiento con que cuenta la nación.
Varela instó al aparato gubernamental a abandonar la práctica de acumular promesas de pago que finalmente resultan imposibles de cumplir en tiempo y forma. Señaló que este esquema deteriora la credibilidad institucional y amenaza proyectos esenciales como el programa Hambre Cero, cuya meta fundamental es erradicar la desnutrición en la etapa escolar.
Por último, el legislador adelantó que el Congreso acompañará las políticas positivas de la nueva gestión encabezada por Pedro Alliana, pero mantendrá un control estricto sobre las decisiones del Ejecutivo. El sector legislativo demandará señales inequívocas de compromiso social antes de respaldar futuros planes financieros estatales.
Datos clave
- El programa Hambre Cero corre peligro de paralizarse debido a retrasos de hasta cuatro meses en las transferencias a firmas proveedoras.
- Unos 78,9 millones de dólares fueron desembolsados recientemente por el Ministerio de Economía, pero legisladores denuncian favoritismos en el reparto.
- Alrededor de 26.000 cocineras y ayudantes corren peligro de no cobrar sus sueldos por la asfixia financiera de las empresas.
- El senador Mario Varela reclamó al presidente Pedro Alliana mayor equidad en los pagos y la elaboración de un presupuesto fiscal sustentable.






