La realización de procesiones en Nicaragua volvió a registrarse de manera parcial tras la autorización gubernamental para cuatro festividades católicas entre finales de septiembre y octubre de 2026. Sin embargo, las autoridades del país centroamericano mantuvieron las prohibiciones sobre la mayoría de las actividades religiosas en la vía pública. Pese a estos permisos extraordinarios, los eventos contaron con un riguroso resguardo y vigilancia policial durante todos los trayectos autorizados.
Restricciones y vigilancia durante las celebraciones
Las disposiciones estatales beneficiaron únicamente a festividades de alta concurrencia, como las dedicadas a San Jerónimo en Masaya, San Miguel Arcángel en Managua, San Francisco de Asís en Camoapa y la Virgen de la Merced en Matagalpa. Según los informes documentados por medios independientes como Confidencial, de diez celebraciones que tenían previsto salir a las calles en ese lapso, seis continuaron confinadas en el interior de los templos.
Esta determinación gubernamental no implicó un restablecimiento formal del derecho a la libre circulación religiosa en los espacios públicos. En varias localidades, los sacerdotes recibieron notificaciones apenas horas antes del inicio de los actos litúrgicos, lo que obligó a organizar recorridos improvisados. Durante estos desplazamientos, efectivos de la Policía Nacional acompañaron de cerca a las multitudes e incluso tomaron registros audiovisuales de los clérigos y participantes.
Por ejemplo, en la celebración de San Jerónimo en la localidad de Masaya, la imagen patronal recorrió únicamente siete cuadras durante la apertura de sus fiestas. No obstante, las autoridades no otorgaron el permiso respectivo para la tradicional marcha de La Octava a comienzos de octubre. Ante esta negativa, la congregación debió limitar la conmemoración a una misa dentro del templo parroquial.
El impacto en las procesiones en Nicaragua y el clero
La autorización de estas procesiones en Nicaragua no representa una apertura generalizada para el catolicismo, según valoraciones de defensores de derechos humanos y sacerdotes exiliados. La investigadora Martha Patricia Molina documentó más de 16.564 actividades de devoción popular impedidas por el Estado nicaragüense entre 2019 y mediados de 2025. Los informes de su estudio señalan un hostigamiento continuo que incluye visitas intimidatorias a casas curales.
En la parroquia San Miguel Arcángel del barrio Las Brisas de Managua, el sacerdote a cargo agradeció públicamente a las autoridades policiales y civiles por el resguardo brindado. Esta clase de manifestaciones públicas responde, de acuerdo con analistas, a las presiones que enfrentan los religiosos locales para poder llevar a cabo ceremonias esenciales sin sufrir represalias directas.
Desde el exilio, figuras eclesiales como el sacerdote Edwin Román advirtieron que estas caminatas supervisadas no deben confundirse con una auténtica libertad de culto. Para el clérigo, la flexibilización parcial de ciertas medidas obedece principalmente a la intensa presión diplomática ejercida por organismos multilaterales sobre el gobierno nicaragüense.
Reclamos y advertencias de la comunidad internacional
La situación de la Iglesia católica en Nicaragua continúa bajo permanente observación diplomática en los foros globales más relevantes. Durante el octogésimo primer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cardenal Pietro Parolin expresó la honda preocupación del Vaticano por la persecución a comunidades religiosas. La Santa Sede reiteró su llamado a entablar un canal de diálogo respetuoso con las autoridades gubernamentales.
Asimismo, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional ratificó la inclusión de Nicaragua en su informe anual de naciones en observación especial. El documento detalló casos sistemáticos de persecución política, detenciones arbitrarias de sacerdotes y acoso sostenido a fieles laicos.
Para la sociedad paraguaya, que cuenta con una arraigada tradición católica y festividades de gran masividad como Caacupé, los sucesos en la nación centroamericana evidencian la fragilidad de las libertades civiles en regímenes autoritarios. Las restricciones impuestas a la manifestación pacífica de la fe muestran cómo el control estatal puede vulnerar derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales.
Datos clave
- El gobierno nicaragüense permitió únicamente cuatro salidas religiosas a la vía pública entre septiembre y octubre de 2026, dejando seis confinadas en templos.
- Más de 16.564 actividades de devoción popular resultaron canceladas o prohibidas por disposiciones estatales entre 2019 y mediados de 2025.
- Agentes policiales custodiaron cada uno de los recorridos autorizados y realizaron grabaciones a participantes y sacerdotes encargados.
- La Santa Sede y organizaciones internacionales denunciaron la falta de libertad religiosa y exigieron el cese del hostigamiento a comunidades cristianas.
