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Presidenta de Costa Rica defiende trabas al presupuesto del Poder Judicial y descarta negociar

Redacción BM Online•19 de noviembre de 2026 a las 10:30 p. m.•San José

Una oradora vestida de oscuro gesticula frente a un podio con micrófono, junto a la bandera nacional de Costa Rica.

La controversia en torno al presupuesto del Poder Judicial escaló en Costa Rica luego de que el Poder Ejecutivo confirmara que mantendrá las condiciones fijadas para desembolsar fondos a la administración de justicia. La mandataria costarricense Laura Fernández Delgado ratificó que no cederá en las medidas de control sobre casi 30.000 millones de colones, equivalentes a unos 67 millones de dólares, al sostener que los recursos estatales requieren reglas estrictas y no acuerdos basados en simple cortesía política.

El pronunciamiento gubernamental marca una distancia respecto a los acercamientos iniciales que se habían planteado con Patricia Vargas González, titular de la Corte Suprema de Justicia. Aunque días antes se proyectaba instalar una mesa de trabajo técnico, el Gobierno optó por congelar ese diálogo hasta que los tribunales constitucionales emitan un dictamen sobre la validez del plan presupuestario para 2027.

El origen de las restricciones financieras

El foco de la disputa radica en cuatro disposiciones de ejecución incorporadas en el proyecto presupuestario general. De acuerdo con informes elaborados por la Contraloría General de la República, tales parámetros sujetan al cumplimiento de requisitos especiales alrededor del 5,6 % del total proyectado para la judicatura, el cual asciende a más de 530.000 millones de colones.

Desde la perspectiva del Ejecutivo, estas cláusulas no implican un recorte o una privación de fondos, sino una exigencia de respaldo contable fidedigno. La jefa de Estado sostuvo que auditorías correspondientes a ejercicios recientes expusieron debilidades en las liquidaciones, por lo que defendió la necesidad de requerir estados financieros debidamente revisados antes de permitir la liberación de los montos.

Cuestionamientos legales y postura de la Corte

El órgano contralor costarricense no solo identificó las partidas alcanzadas, sino que además alertó sobre posibles vicios de inconstitucionalidad en las reglas propuestas. El informe técnico de la entidad fiscalizadora remarcó que se le estarían atribuyendo facultades que exceden su mandato legal ordinario, lo que podría entorpecer la administración de los caudales públicos.

Por su parte, la jefatura del Poder Judicial indicó que las directrices amenazan con obstaculizar la prestación de los servicios esenciales de los tribunales y frenar el nombramiento de personal operativo. Desde la institución judicial se aclaró que no se reclama un aumento de recursos, sino la posibilidad de emplear con fluidez las partidas ya aprobadas para su funcionamiento regular.

El impacto de las trabas en el presupuesto del Poder Judicial

La aplicación de estas cláusulas alcanzaría a más de 300 renglones de gastos internos de la institución de justicia. Ante los reclamos formalizados contra estas directivas, la mandataria decidió posponer las conversaciones técnicas argumentando que no correspondía debatir alternativas mientras la Sala Constitucional mantenga abierta una revisión sobre la materia.

El máximo tribunal constitucional resolvió paralizar de manera cautelar el trámite legislativo del plan de gastos de 2027 mientras analiza el apego a la carta fundamental de las normas impugnadas. Pese a este escenario de tirantez institucional sobre el presupuesto del Poder Judicial, las autoridades de los distintos poderes del Estado tienen previsto compartir una agenda de trabajo enfocada en problemáticas de seguridad ciudadana y combate contra la delincuencia organizada.

Datos clave

  • El Ejecutivo costarricense mantiene bajo condiciones de uso cerca de 67 millones de dólares proyectados para la administración de justicia.
  • La Contraloría advirtió sobre posibles roces de constitucionalidad en las exigencias fijadas al aparato judicial.
  • El trámite legislativo del plan presupuestario de 2027 se encuentra suspendido a la espera del fallo de la Sala Constitucional.
  • Los servicios esenciales de los tribunales podrían experimentar demoras si no se flexibilizan las partidas asignadas.

Fuente: infobae.com

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