El debate sobre el presupuesto de Guatemala proyectado para el ejercicio fiscal 2027 encendió las alarmas de diversos centros de análisis económico tras confirmarse que alcanzaría los 192.000 millones de quetzales. Esta cifra representaría el 17,1% del producto interno bruto nacional, posicionándose como la proporción más elevada en la historia del país centroamericano. La estimación supera incluso el registro excepcional de 2020, cuando el Estado destinó el 15,9% de su producción para mitigar la emergencia sanitaria global.
Especialistas de cuatro organizaciones técnicas expusieron estas advertencias durante el conversatorio sobre finanzas públicas y desafíos electorales organizado por la Red de Centros de Pensamiento en la capital guatemalteca. Durante el encuentro, los analistas cuestionaron con dureza la decisión del Poder Ejecutivo de financiar una porción sustancial del gasto operativo mediante nuevo endeudamiento público.
Cuestionamientos al presupuesto de Guatemala y su deuda
El requerimiento presentado ante el Congreso de la República incluye una autorización para colocar 43.000 millones de quetzales mediante bonos del Tesoro. Según las estimaciones expuestas por Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, más de la mitad de esos títulos se destinaría exclusivamente a solventar gastos de funcionamiento, mientras que apenas una quinta parte financiaría proyectos de inversión pública.
Barrientos subrayó además que casi una cuarta parte del nuevo endeudamiento serviría para cumplir con el servicio de compromisos previos. Esta maniobra equivale a retirar fondos de una tarjeta de crédito para cancelar el pago mínimo de esa misma cuenta. La práctica compromete la sostenibilidad estatal al transformar pasivos de largo plazo en financiamiento para consumo corriente sin retorno productivo.
Por su parte, Jorge Lavarreda, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, recordó que el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto prohíbe taxativamente cubrir partidas corrientes con crédito estatal. No obstante, el plan oficial incorpora una cláusula de excepción. Antes de 2020 el financiamiento corriente con bonos no rebasaba el 4,5%, pero el nuevo esquema lo elevaría al 17,8%.
Desbalance fiscal y aumento de contrataciones
Desde la perspectiva de la Fundación Libertad y Desarrollo, el economista Paul Boteo sostuvo que la magnitud del plan carece de sustento técnico verificable. Las dependencias directas del Ejecutivo experimentarían una expansión de recursos del 32,5%, orientada esencialmente a erogaciones cotidianas que incorporarían 2.000 nuevas plazas laborales sin funciones claramente definidas.
El Ministerio de Desarrollo Social ejemplifica esta tendencia expansiva al triplicar sus asignaciones en cuatro ejercicios, pasando de 1.746 millones de quetzales a 5.500 millones. Este comportamiento impulsaría el déficit fiscal hacia el 4,43% del PIB en 2027, quebrando el promedio histórico del 2,1% registrado entre 2005 y 2023. Boteo remarcó la gravedad de asumir pasivos elevados bajo una estructura estatal que presenta dificultades para generar productividad.
A su turno, Erick Coyoy, representante de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, precisó que la recaudación fiscal permanece estancada en torno al 12% del PIB. Este congelamiento de ingresos tributarios contrasta con compromisos financieros en ascenso, lo que profundiza el desbalance estructural en un contexto donde los indicadores de rendimiento escolar y combate a la desnutrición muestran escasos avances.
Presiones electorales en el gasto descentralizado
Otro elemento que genera incertidumbre en torno al presupuesto de Guatemala es la asignación prevista para los Consejos Departamentales de Desarrollo, órganos que podrían concentrar hasta 20.000 millones de quetzales durante un año de comicios generales. Los analistas coincidieron en que este volumen millonario corre el riesgo de ser instrumentalizado con fines políticos o capturado por redes ilícitas locales.
La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del parlamento recibió la recomendación formal de restituir la rigurosidad técnica al dictamen. Los especialistas instaron a identificar con claridad las fuentes dinerarias de cada renglón, requerir estudios de rentabilidad social para las obras y agotar las tres lecturas reglamentarias en el hemiciclo.
Datos clave
- Gasto histórico: La proyección presupuestaria para 2027 alcanza 192.000 millones de quetzales, equivalentes al 17,1% del producto interno bruto.
- Endeudamiento operativo: El Ejecutivo solicitó emitir 43.000 millones en bonos del Tesoro, de los cuales más de la mitad financiaría funcionamiento.
- Excepción normativa: El plan busca eludir el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto para autorizar deuda en pagos corrientes.
- Déficit en alza: La brecha fiscal subiría al 4,43% del PIB en 2027, superando ampliamente el promedio del 2,1% de las últimas dos décadas.
- Año electoral: Fondos descentralizados por hasta 20.000 millones de quetzales estarán bajo gestión de gobiernos locales en pleno proceso de votaciones.
