El trámite legislativo sobre el presupuesto de Costa Rica quedó temporalmente suspendido tras una resolución judicial de urgencia. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió admitir una medida cautelar que prohíbe al plenario de la Asamblea Legislativa someter a segundo debate el proyecto antes del 29 de noviembre de 2026. La decisión surge a partir de un reclamo institucional presentado por la presidenta del Poder Judicial, Patricia Vargas González, quien advirtió graves implicancias operativas.
La determinación fue firmada por el magistrado Fernando Cruz Castro en su rol de presidente interino del máximo órgano constitucional. El expediente legislativo 25.754 contempla un plan de gastos generales cercano a los 12,4 billones de colones, cifra equivalente a unos 27.000 millones de dólares. La iniciativa había obtenido luz verde en primer debate el pasado 5 de noviembre con el respaldo de 31 diputados y el voto en contra de otros 23 legisladores.
Motivos para suspender el presupuesto de Costa Rica
El núcleo de la controversia descansa en cuatro disposiciones de ejecución presupuestaria numeradas del 9 al 12, que aplican condicionamientos directos a los fondos judiciales. Entre los puntos objetados destaca la retención de unos 29.843,8 millones de colones, aproximadamente 65 millones de dólares, equivalentes al 5,6% de los recursos asignados a la judicatura, hasta que se completen controles y requisitos administrativos adicionales.
Asimismo, las normativas impugnadas restringen los traslados de partidas internas, fijan limitaciones severas para cubrir puestos vacantes y regulan el pago de compensaciones salariales. Desde la Corte Suprema señalaron que estas medidas amenazan la estabilidad de 2.463 plazas de trabajo, entre las cuales figuran 810 puestos asignados al Organismo de Investigación Judicial. También se alertó sobre eventuales problemas para adquirir instrumental de investigación criminal y afectaciones en dependencias judiciales de Cóbano, Jacó, Quepos y Puerto Jiménez.
Cuestionamientos al procedimiento y debate sobre la mayoría calificada
Otro elemento central del conflicto radica en el procedimiento parlamentario empleado para avanzar la discusión. Las autoridades judiciales afirman que toda legislación que altere la estructura y funcionalidad de los tribunales debe someterse a consulta obligatoria previa, tal como estipula el artículo 167 de la Constitución de ese país centroamericano.
De acuerdo con la carta magna costarricense, si el Parlamento opta por apartarse de la posición técnica formulada por la Corte en proyectos vinculados a sus competencias, necesita una mayoría calificada integrada por al menos 38 legisladores. Por el contrario, la titular del Congreso, Yara Jiménez, sostuvo que las normas presupuestarias cuentan con un trámite especial diferenciado y argumentó que esa mayoría agravada no resultaba exigible en este contexto.
Plazos constitucionales y diálogo en el Poder Ejecutivo
El dictamen precautorio emitido por la Sala busca armonizar la supervisión judicial con los tiempos legales que rigen el presupuesto de Costa Rica. El artículo 178 del ordenamiento constitucional fija el 30 de noviembre como límite improrrogable para sancionar de forma definitiva el plan de gastos de la República, por lo que el tribunal prevé emitir su criterio de fondo en los días previos a esa fecha de vencimiento.
En paralelo a la acción en los estrados, la presidenta del Poder Judicial sostuvo un encuentro formal con la mandataria costarricense, Laura Fernández Delgado, en la sede de gobierno. Durante la conversación, la jefa de Estado planteó la instauración de un equipo de trabajo técnico para revisar los artículos cuestionados y proteger la continuidad de los servicios de justicia. Ambas jerarcas remarcaron que el reclamo no pretende una ampliación de fondos, sino la libertad legal para ejecutar el dinero oportunamente presupuestado.
Datos clave
- Orden judicial vinculante: La Sala Constitucional prohibió a los legisladores votar el plan económico en segundo debate antes del 29 de noviembre de 2026.
- Monto y alcance: El plan de gastos asciende a unos 12,4 billones de colones y contempla restricciones al 5,6% de las partidas destinadas al Poder Judicial.
- Puestos en riesgo potencial: Las advertencias judiciales apuntan a posibles perjuicios sobre 2.463 plazas, incluyendo 810 investigadores del Organismo de Investigación Judicial.
