La situación que atraviesan los presos políticos en Cuba volvió a encender alertas internacionales luego de conocerse denuncias formales sobre internos forzados a realizar tareas carcelarias sin remuneración. El caso reciente involucra al manifestante Franyer Abad Dumet, quien permanece recluido en el Campamento de Prisioneros número 16, ubicado en la zona de San Miguel del Padrón, en La Habana. Según su testimonio, los directivos del establecimiento no le abonan sus labores desde noviembre de 2025.
El afectado explicó que, al momento de ingresar a esa dependencia, los guardias penitenciarios le entregaron un plástico bancario desprovisto de clave de seguridad. Por este motivo, se encuentra imposibilitado de extraer efectivo en terminales automáticas. Asimismo, carece de un documento oficial de identidad para gestionar el cobro en las ventanillas bancarias convencionales, condición habitual en las penitenciarías cubanas.
Incumplimiento del Decreto-Ley sobre trabajo carcelario
El régimen de labor penitenciaria en la isla caribeña cuenta con una regulación legal específica aprobada mediante el Decreto-Ley 81/2023. Esta disposición establece que las personas privadas de su libertad deben percibir salarios mensuales en moneda nacional cubana por los oficios prestados. La normativa compromete a las dependencias penales a liquidar puntualmente esos fondos o a permitir que un apoderado familiar cobre los montos.
A pesar de la letra escrita de la ley, las irregularidades bancarias impiden que los reclusos reciban el dinero de sus prestaciones. El reclamo de Abad Dumet coincide con el presentado previamente por Marcos de la Luz Caballero Granados, otro recluso ubicado en el mismo centro penitenciario. Caballero Granados manifestó semanas atrás que llevaba cinco meses desempeñando actividades sin pago alguno, afectando a la mayoría de los reclusos.
Trabajo penitenciario y reclamos de presos políticos en Cuba
La entidad internacional Prisoners Defenders señaló en sus informes técnicos que decenas de miles de personas realizan trabajos correccionales en Cuba. Mediante una investigación apoyada en testimonios de antiguos presidiarios, la organización documentó que casi el setenta por ciento jamás firmó convenios laborales previos. De igual modo, ninguno de los consultados con asignación monetaria recibió constancias documentadas del pago.
En este escenario carcelario, diversos organismos humanitarios advirtieron sobre la desprotección sistemática que sufren los presos políticos en Cuba en los campamentos de trabajo. Las condiciones de internamiento con frecuencia combinan precariedad extrema, falta de alimentación adecuada y sanciones disciplinarias ante cualquier queja. La carencia de remuneración agrava todavía más la subsistencia de los reclusos y la de sus familias inmediatas.
Antecedentes penales del caso y condenas en La Habana
Abad Dumet, quien residía en el barrio habanero de La Güinera y trabajaba de bicitaxista, terminó apresado tras las protestas ciudadanas de julio de 2021. De acuerdo con sus declaraciones, los agentes policiales lo sometieron a golpizas y tratos degradantes durante el arresto inicial. Pasó por varios centros penitenciarios de rigor severo, entre ellos el Combinado del Este, antes de recalar en los campamentos correccionales.
Aunque el tribunal provincial le impuso al principio doce años de condena por delitos de sedición y atentado, un recurso judicial redujo la pena a una década. Organizaciones civiles contabilizan a más de un millar de presos políticos en Cuba tras los estallidos sociales acontecidos en la isla. Además de las trabas económicas, los registros médicos independientes advierten que el manifestante presenta un cuadro de desnutrición severa dentro del penal.
Datos clave
- Denuncia de impago: Franyer Abad Dumet denunció que trabaja sin recibir retribución económica en el Campamento 16 de San Miguel del Padrón desde noviembre de 2025.
- Trabas bancarias: Las autoridades entregaron una tarjeta magnética sin clave de acceso y el interno no posee documento de identidad para cobrar por ventanilla.
- Violación normativa: El Decreto-Ley 81/2023 obliga al pago mensual a los reclusos trabajadores en pesos cubanos.
- Situación generalizada: Informes de Prisoners Defenders calculan en 60.000 los reclusos sujetos a tareas correccionales, la mayoría sin contratos ni constancias de cobro.
