La situación de cada preso político en Cuba genera profunda preocupación internacional tras conocerse nuevas trabas a los familiares de los reclusos. En esta ocasión, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las restricciones de visita que sufre Walnier Luis Aguilar Rivera.
El afectado se encuentra recluido en la provincia de Sancti Spíritus luego de ser condenado por las manifestaciones del 11 de julio de 2021. La negativa de acceso ocurrió cuando su progenitor viajó una extensa distancia para concretar el esperado encuentro.
Obstáculos al contacto con un preso político en Cuba
El hecho denunciado ocurrió el pasado 28 de agosto cuando el padre del manifestante se trasladó desde La Habana hacia el centro penal. Para intentar ver a su familiar, debió completar un trayecto de aproximadamente 350 kilómetros y aguardar varias horas en el lugar.
Al cabo de la espera, los custodios le notificaron que la visita no se llevaría a cabo. Como único argumento, le indicaron que debía gestionar una autorización previa ante la Seguridad del Estado, sin brindar mayores precisiones.
La organización civil remarcó que las limitaciones al preso político en Cuba constituyen una práctica reiterada contra su círculo íntimo. Este tipo de medidas añade un fuerte desgaste anímico y financiero en un contexto de severa crisis económica y problemas de transporte.
Violaciones al reglamento penitenciario y la ley vigente
El organismo de derechos humanos recordó que la Ley 152/2022 de Ejecución Penal garantiza expresamente el derecho de las personas privadas de su libertad a recibir a sus parientes. Cualquier tipo de restricción debe fundamentarse en causas legales y seguir los canales administrativos previstos.
La normativa establece que las medidas disciplinarias que afecten las visitas deben notificarse con antelación tanto al sancionado como a su familia. Además, la reglamentación contempla mecanismos específicos para apelar este tipo de castigos ante las instancias correspondientes.
Para los denunciantes, supeditar un permiso regular al criterio de la policía política carece de amparo legal. El informe advierte que no se deben transformar las normas carcelarias en herramientas de hostigamiento ni de castigo contra el entorno familiar.
Medidas cautelares de la CIDH y reclamo internacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había otorgado medidas cautelares en favor del recluso durante el año 2022. La decisión del organismo regional respondió a los reiterados problemas de incomunicación que sufría en comparación con el resto de la población penal.
Posteriormente, en 2025, el organismo internacional extendió esa protección hacia el padre del joven, Luis Wilber Aguilar Bravo, y otros parientes. La medida tomó en cuenta las denuncias por vigilancia constante, amenazas y hostigamientos derivados de sus reclamos públicos.
El observatorio exigió que las autoridades del Ministerio del Interior restablezcan de inmediato la comunicación regular para este preso político en Cuba y cesen las presiones ajenas a los protocolos de los centros de detención.
Datos clave
- Denuncia internacional: El Observatorio Cubano de Derechos Humanos acudió a la CIDH para alertar sobre la prohibición de visitas a un manifestante del 11J.
- Extenso viaje: El padre del detenido recorrió más de 350 kilómetros desde La Habana hasta Sancti Spíritus y no pudo ingresar al penal.
- Exigencia sin sustento: La administración penitenciaria ordenó tramitar permisos con la Seguridad del Estado, vulnerando la Ley de Ejecución Penal.
- Medidas vigentes: Tanto el joven encarcelado como su progenitor cuentan con medidas cautelares de protección emitidas por la CIDH.
