La actuación de la policía de República Dominicana quedó bajo un estricto control estatal tras confirmarse la muerte de más de un centenar de supuestos prófugos durante intervenciones armadas en los últimos dos meses. Frente a este escenario, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró de manera pública que las autoridades no respaldan ningún exceso cometido por los uniformados. La funcionaria remarcó que cualquier transgresión a las normas legales conllevará sanciones disciplinarias y penales.
El pronunciamiento oficial se dio a conocer mediante un mensaje audiovisual grabado en el Centro de Monitoreo y Control de la fuerza de seguridad. En dicho espacio, la titular ministerial insistió en que el combate a la delincuencia debe desarrollarse sin vulnerar los derechos fundamentales. Asimismo, recalcó que la protección comunitaria demanda firmeza ante el delito común y apego irrestricto a los protocolos de actuación vigentes.
Control técnico para la policía de República Dominicana
Con el propósito de transparentar la labor en las calles, el Gobierno intensificó la fiscalización operativa mediante herramientas tecnológicas avanzadas. Raful detalló que más de ocho mil efectivos asignados a la policía de República Dominicana ya portan cámaras corporales durante sus turnos. Estos dispositivos graban de forma continua los patrullajes y permiten que las unidades de control interno revisen si el accionar en los procedimientos se ajustó al marco normativo.
En paralelo, las autoridades coordinan tareas con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, plataforma que dispone de más de diez mil cámaras distribuidas en puntos estratégicos. Esta interconexión facilita el seguimiento en tiempo real de persecuciones en avenidas y permite constatar la respuesta brindada ante situaciones de peligro. La ministra advirtió que los uniformados que cometan faltas graves serán desvinculados de sus puestos y enviados a los tribunales comunes.
Cifras alarmantes en presuntos enfrentamientos armados
El debate sobre los métodos de intervención cobró notoriedad luego de que informes periodísticos recopilaran al menos 107 fallecimientos en solo dos meses. La Dirección Central de Investigación Criminal concentró la mayoría de estos sucesos, registrándose 55 decesos en septiembre y 52 durante octubre de 2026. La institución policial catalogó estos episodios bajo el concepto administrativo de acción legal, una figura que previamente reportaba niveles significativamente inferiores.
El repunte de estas muertes coincidió con el inicio de la gestión del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García al frente de la institución del orden. A modo de comparación, en agosto únicamente se habían asentado ocho casos dentro de esa misma tipificación. Recientemente, otros 2.421 agentes egresados de la promoción 149 fueron distribuidos en diversas regiones del país para reforzar los operativos preventivos.
Entre finales de octubre y los primeros días de noviembre se sumaron siete bajas más en localidades como Santiago, Bávaro, Moca y el Distrito Nacional. Entre los presuntos sospechosos abatidos figuraban personas identificadas por los alias de Bindo, el Gordito y la Maña. Los informes de la policía de República Dominicana indicaron que los requeridos abrieron fuego contra las patrullas al intentar evadir sus detenciones.
Rendición de cuentas y procesos judiciales
Diversos sectores de la sociedad civil han señalado la necesidad de que estos incidentes cuenten con auditorías externas y peritajes balísticos independientes. Hasta el momento, las versiones oficiales fundamentan los decesos en agresiones armadas previas, sin que existan resoluciones judiciales firmes que esclarezcan los pormenores de cada tiroteo. Por esta razón, el Ministerio de Interior y Policía prometió que las investigaciones internas llegarán hasta las últimas consecuencias.
La ministra Faride Raful reconoció que la modernización del cuerpo del orden público todavía enfrenta importantes retos institucionales. El objetivo principal planteado por el Poder Ejecutivo radica en consolidar un esquema de seguridad ciudadana que garantice la paz social y erradique la violencia policial. La rendición de cuentas permanente busca recomponer la confianza de la población hacia los agentes encargados de custodiar las calles.
Datos clave
- Más de un centenar de fallecidos: Los registros periodísticos documentaron 107 muertes en presuntos enfrentamientos armados durante septiembre y octubre de 2026.
- Supervisión con cámaras corporales: Alrededor de ocho mil agentes utilizan dispositivos de grabación personal para auditar su desempeño en la vía pública.
- Articulación de vigilancia 911: Más de diez mil cámaras de seguridad urbana apoyan el monitoreo operativo y las investigaciones de delitos.
- Sanciones internas y penales: El Gobierno advirtió que los funcionarios que cometan abusos serán expulsados de las filas policiales y remitidos ante los tribunales.
