La Policía de Nicaragua destina más de tres veces y media más recursos económicos a la protección de Daniel Ortega y Rosario Murillo que a las tareas de seguridad vial en todo el país. Esta distribución quedó establecida en el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026. La disparidad cobra relevancia ante las cifras de siniestralidad en carreteras nicaragüenses, donde cientos de ciudadanos pierden la vida anualmente.
El programa oficial de Protección de Personalidades cuenta con 1.269 cargos policiales y un fondo de 248 millones de córdobas, equivalentes a unos 6,8 millones de dólares estadounidenses. En contraste, el área de Seguridad Vial apenas dispone de 345 plazas y 71,7 millones de córdobas, cerca de 2 millones de dólares. Por cada córdoba que se orienta a regular las vías y prevenir colisiones, el Estado invierte 3,5 córdobas en custodiar a las autoridades.
Desbalance entre protección de mandatarios y seguridad vial
El área de Seguridad Vial se posiciona como el programa con menores recursos financieros entre los siete componentes que conforman la estructura policial. Sus fondos son un 71,1 % inferiores en comparación con la partida de custodia de personalidades. La tarea vial incluye educar a la población escolar, capacitar a conductores y vigilar la circulación en rutas nacionales.
Por su parte, el departamento de custodia tiene asignada la ejecución de 39.749 planes de resguardo para miembros de los poderes estatales, diplomáticos y dignatarios foráneos. Asimismo, contempla 265.072 inspecciones técnicas para ubicar explosivos en edificios de alto nivel. Dentro de ese diseño operativo figuran 33 operativos específicos concentrados de forma exclusiva en la pareja presidencial.
Investigaciones periodísticas locales comprobaron que el despliegue alrededor de la residencia de Ortega y Murillo, situada en el reparto El Carmen de Managua, mantiene al menos 73 agentes en 28 puestos fijos. El dispositivo comprende tres anillos de seguridad que vigilan mediante patrullas, motocicletas y drones. Dicha vigilancia perimetral se endureció recientemente tras eventos geopolíticos de impacto regional.
Prioridades presupuestarias de la Policía de Nicaragua
Dentro de la administración pública, las cuentas de la Policía de Nicaragua reflejan un financiamiento continuo para los esquemas de protección del régimen. Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que los 253,8 millones de córdobas otorgados a dicho programa durante 2025 fueron consumidos en su totalidad por la estructura de los gobernantes. La cantidad de personal asignado a esta división pasó de 1.243 uniformados en 2018 a 1.269 plazas para 2026.
El presupuesto de custodia experimentó una suba general del 17,4 % desde 2018, momento en que contaba con 211,3 millones de córdobas. Aunque alcanzó su pico en 2020 con 333,9 millones de córdobas, se mantuvo estable como un renglón preferencial dentro del gasto público. Esta dotación contrasta con los recortes de personal sufridos por las brigadas de control vehicular en el mismo período.
Entre 2024 y 2025, el área vial perdió 293 agentes, pasando de 638 a 345 efectivos, lo que implicó una disminución cercana al 46 % de su fuerza operativa. Los informes oficiales no detallan si esas plazas fueron suprimidas o reasignadas a labores de vigilancia política. Con este plantel reducido, la dependencia debe cumplir la meta de más de 20 planes diarios de prevención y capacitar a cientos de miles de usuarios.
Reducción de personal y aumento sostenido de accidentes mortales
La disminución de agentes de tránsito coincide con un panorama complejo en las rutas. Los registros sanitarios ubicaron a los siniestros viales como la sexta causa de muerte en Nicaragua durante 2025, sumando 903 fallecidos, de los cuales 505 viajaban en motocicletas. Si bien la cifra representó una leve baja respecto al récord de 1.014 víctimas registrado en 2023, continúa siendo un 24,4 % superior a los números de 2018.
Para intentar frenar las pérdidas humanas, las autoridades redujeron las velocidades máximas urbanas e intensificaron controles de alcoholemia mediante normativas de emergencia vial. Sin embargo, analistas en políticas de seguridad advierten que la falta de agentes en territorio limita la eficacia real de tales restricciones. La falta de cobertura en carreteras abiertas sigue siendo un factor crítico ante el volumen del parque automotor.
La comparación presupuestaria evidencia las prioridades institucionales del Gobierno central frente a las urgencias de la población civil. Mientras la custodia de las figuras de poder acapara el 4,4 % del gasto total de la Policía de Nicaragua, la protección ciudadana en el tránsito recibe apenas el 1,3 %. Esta distribución presupuestaria genera cuestionamientos en torno a la gestión del riesgo vial en Centroamérica.
Datos clave
- Brecha financiera: La protección de personalidades recibe 248 millones de córdobas frente a los 71,7 millones de córdobas asignados a la seguridad vial.
- Diferencia de agentes: El área encargada de custodiar mandatarios cuenta con 1.269 puestos policiales, mientras que el control del tránsito tiene 345 funcionarios.
- Recorte sustancial: La división de seguridad vial perdió casi el 46 % de sus cargos operativos entre 2024 y 2025.
- Impacto en vidas: Durante el año 2025 se registraron 903 muertes por accidentes viales en Nicaragua, convirtiéndose en la sexta causa de fallecimiento en el país.
