Una fuerte polémica en Costa Rica se desató luego de que el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, condicionara obras públicas por unos 13 millones de dólares a cambio de habilitar un vertedero. El planteamiento tuvo lugar durante un encuentro ciudadano celebrado en el Liceo de Turrúcares, en la provincia de Alajuela, donde pobladores y autoridades locales expresaron su rechazo.
La administración central propuso financiar escuelas, centros de cuidado infantil e infraestructura vial si la municipalidad retira los recursos judiciales que frenan el proyecto. No obstante, las organizaciones vecinales reiteraron su negativa rotunda ante los temores por contaminación de nacientes de agua y afectaciones sanitarias en la zona.
Las obras ofrecidas a cambio del vertedero
El plan estatal contempla desembolsos cercanos a los 6.000 millones de colones para levantar un Colegio Técnico Profesional y un establecimiento CEN-CINAI. Asimismo, la propuesta abarca espacios recreativos, albergues para adultos mayores y refacciones viales en las rutas 721 y 136, junto con accesos exclusivos desde la ruta 27.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, detalló que varias tareas viales arrancarían recién en 2027 debido a los estudios técnicos pendientes. Pese a las promesas, Chaves remarcó que ninguna licitación avanzará mientras la comuna mantenga vigentes los litigios contra la obra impulsada por la firma canadiense EBI en la finca Bajo Pita.
Plazos perentorios y advertencia gubernamental
Durante el debate comunitario, la polémica en Costa Rica escaló cuando el titular de Educación, Leonardo Sánchez, intentó iniciar la búsqueda de terrenos para el colegio. En ese momento, Chaves intervino para frenar la gestión e indicó que no destinarán fondos públicos si el municipio no desiste de las demandas antes del inicio de un arbitraje internacional.
El funcionario advirtió que el Estado costarricense deberá pagar cerca de 4 millones de dólares para solventar su defensa jurídica frente a la empresa demandante. Por tal motivo, señaló que si la cartera de Hacienda desembolsa esos recursos antes del 2 de diciembre, el ofrecimiento de infraestructura quedará cancelado de manera definitiva.
Rechazo vecinal y litigio judicial en Alajuela
Los habitantes del distrito exhibieron carteles con lemas que defendían la salud comunitaria y rechazaban la instalación del Parque de Tecnología Ambiental. Por su parte, el intendente de Alajuela, Roberto Thompson, cuestionó la presión ejercida sobre los gobiernos locales y defendió las acciones legales iniciadas en 2016 para anular los permisos de suelo otorgados a la compañía.
Esta controversia refleja tensiones frecuentes en la gestión ambiental de América Latina, donde comunidades enteras resisten basureros metropolitanos cerca de sus hogares. En tanto, Chaves rechazó la posibilidad de convocar a una consulta popular y dejó la resolución en manos de los once concejales del municipio alajuelense.
Datos clave
- Inversión condicionada: El Gobierno propuso unos 13 millones de dólares en obras públicas a cambio de retirar demandas judiciales.
- Proyecto cuestionado: La empresa canadiense EBI proyecta instalar un relleno sanitario en San Miguel de Turrúcares.
- Plazo límite: La propuesta vencerá si el fisco desembolsa 4 millones de dólares antes del 2 de diciembre para un arbitraje.
- Oposición comunitaria: Los vecinos y el intendente local rechazan el vertedero por considerar que amenaza fuentes de agua y la salud pública.
