La población carcelaria Uruguay casi se triplicó durante las últimas dos décadas al pasar de 6.757 personas en 2003 a 16.570 reclusos a finales de 2025. Los resultados corresponden al Segundo Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad, elaborado por el Ministerio del Interior en conjunto con la academia y organismos internacionales. Con una tasa de prisionalización de cerca de 480 por cada 100.000 habitantes, el país se posiciona entre los índices de reclusión más elevados del continente.
Factores detrás del aumento de la población carcelaria Uruguay
El relevamiento penitenciario describe una acumulación sostenida de condiciones desfavorables desde etapas tempranas en la vida de los reclusos. De acuerdo con el informe oficial, el 20,5% de las personas encarceladas debió vivir en situación de calle durante su niñez o adolescencia. Asimismo, un 26,8% permaneció institucionalizado bajo el cuidado del organismo estatal de protección a la minoridad o entidades afines.
La investigación añade que el 46,4% de los internos cometió su primera infracción a la ley antes de haber alcanzado la mayoría de edad. A su vez, el 71,1% de los censados cuenta con familiares directos o allegados con antecedentes penales, y casi la mitad registra algún ser querido en prisión. Estas dificultades se complementan con un marcado abandono escolar y trayectorias de trabajo informal previas a la reclusión.
Perfil demográfico de las personas privadas de libertad
En cuanto a la distribución por género, los varones representan el 92,1% del total de reclusos, en tanto que las mujeres conforman un 7,4% y un 0,4% corresponde a identidades diversas. La franja etaria más afectada comprende a los jóvenes: seis de cada diez presos tienen menos de 35 años y tres cuartas partes no superan los 40 años. El grupo más numeroso se ubica en el intervalo de 25 a 29 años de edad.
El censo evidenció además una desproporción étnico-racial dentro del sistema penitenciario. Uno de cada cinco privados de libertad se autoidentifica como afrodescendiente, una tasa que duplica ampliamente su peso demográfico en la sociedad general. Las conclusiones del estudio recalcan que estas disparidades reflejan una acumulación de exclusiones que afectan progresivamente a la población carcelaria Uruguay.
Vida cotidiana, acceso al trabajo y desafíos de reinserción
La cotidianidad de los internos presenta severas restricciones en materia de esparcimiento y actividades formativas. Cuatro de cada diez reclusos no salieron al patio durante los siete días anteriores a la entrevista censal, proporción que supera la mitad en las prisiones de la zona metropolitana. En el aspecto médico, el 80% de los ingresantes recibió chequeo de salud en su primera semana, porcentaje superior al registrado en 2010.
Por otro lado, apenas cuatro de cada diez internos acceden a programas educativos, pese a que la mitad de quienes no asisten solicitó un lugar sin obtener cupo. En el ámbito laboral la situación es análoga: menos del 40% realiza tareas productivas y un 85,4% de ellos no percibe remuneración. Ante este panorama, más del 75% de los reclusos espera apoyo estatal postpenitenciario enfocado en trabajo, techo propio y asistencia en salud mental.
Datos clave
- Aumento poblacional: el número de personas privadas de libertad subió de 6.757 en 2003 a 16.570 a fines de 2025.
- Alta vulnerabilidad previa: el 20,5% vivió en la calle durante su niñez y el 46,4% incurrió en delitos antes de los 18 años.
- Población mayormente joven: seis de cada diez reclusos tienen menos de 35 años de edad.
- Demanda de oportunidades: el 47,1% de quienes no estudian y el 45,5% de quienes no trabajan solicitaron plazas que no estaban disponibles.
