El paro médico en Honduras mantiene sin consultas regulares a miles de ciudadanos desde hace seis semanas. La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras convocó a una nueva asamblea informativa que extiende la suspensión de actividades entre las 7:00 y las 19:00 horas en los principales centros asistenciales del país centroamericano. Esta medida de fuerza ya supera las 840 horas acumuladas sin atención normal en las salas de consulta externa.
Los pacientes reportan constantes reprogramaciones de citas y retrasos en procedimientos quirúrgicos programados en los hospitales públicos. A pesar de que los servicios de urgencia permanecen activos, la falta de especialistas en los consultorios agrava el estado de los enfermos crónicos. El conflicto entre las autoridades estatales y los profesionales de la salud continúa sin vías claras de resolución inmediata.
Las causas que sostienen el paro médico en Honduras
La Secretaría de Salud de ese país informó que más del 95 por ciento de los salarios adeudados ya fue transferido a las cuentas de los galenos. Sin embargo, los representantes sindicales aclararon que la protesta trasciende las cuestiones monetarias básicas. La dirigencia médica exige el cese inmediato de las desvinculaciones laborales y la restitución de todos los especialistas apartados de sus cargos.
Otro de los puntos centrales del reclamo incluye la reincorporación de los profesionales que gozaban de licencias de estudio autorizadas. Asimismo, el gremio reclama el nombramiento formal de aquellos trabajadores que prestan servicios bajo la modalidad de contrato y poseen una mayor antigüedad acumulada. La regularización de interinatos para el segundo semestre del año figura también entre las prioridades del sector.
Exigencias presupuestarias y compromisos pendientes
En el plano económico, la organización médica demanda el cumplimiento estricto del salario base en todas las dependencias sanitarias del Estado. El pliego petitorio contempla los ajustes automáticos calculados según el Índice de Precios al Consumidor y los reajustes correspondientes al bienio actual. Además, los manifestantes solicitan la entrega de bonificaciones destinadas al personal jubilado y la liquidación de cualquier retraso pendiente.
Para garantizar la sostenibilidad del sistema, el sindicato solicita que el Presupuesto General de la República asigne el doce por ciento a la cartera de salud pública. Esta propuesta busca asegurar insumos médicos y contratar personal de reemplazo durante los períodos de vacaciones. Con ello pretenden evitar que las salas hospitalarias queden desatendidas ante la ausencia justificada de los funcionarios titulares.
Falta de acuerdos e impacto en el sistema sanitario
El conflicto también abarca el cumplimiento de los mandatos contemplados en el Decreto Legislativo 47-2020, otro de los factores que impulsan el paro médico en Honduras. Dicha legislación, aprobada durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, establecía la estabilidad laboral y el nombramiento definitivo de los trabajadores sanitarios contratados. La falta de formalización de dichos compromisos mantiene latente el malestar en las distintas dependencias públicas.
Hasta el momento no se ha establecido una mesa formal de negociación con un cronograma definido para resolver los pedidos pendientes. El impacto de este paro médico en Honduras evidencia los desafíos estructurales que afronta la salud pública en la región, donde la precarización contractual y la falta de presupuesto comprometen el acceso oportuno a la medicina asistencial.
Datos clave
- Más de 840 horas sin atención médica acumula el sistema público debido a seis semanas de asambleas informativas convocadas por el gremio.
- El cese de despidos y la estabilidad laboral forman el núcleo de las demandas, junto al nombramiento de personal con contrato y antigüedad.
- La Secretaría de Salud asegura haber pagado el 95 % de los sueldos atrasados, pero los médicos reclaman ajustes salariales y bonos jubilatorios.
- El gremio pide el 12 % del presupuesto nacional para salud pública y la aplicación de los beneficios aprobados en el Decreto 47-2020.
