Los allegados del paraguayo muerto en Neuquén, José Augusto Galeano Mendoza, participan del último rezo o ñembo’e paha en su localidad natal de Guarambaré. La conmemoración religiosa marca el cierre del novenario por el descanso eterno del trabajador paraguayo de 47 años. Al mismo tiempo, sus parientes siguen de cerca los trámites procesales en el vecino país para exigir castigo a los presuntos responsables.
Antecedentes de la fatal intervención policial
El episodio violento ocurrió durante la noche del 18 de noviembre pasado, mientras el compatriota cenaba en su vivienda. En ese instante experimentó un cuadro similar a una crisis de pánico y, en medio de la desorientación, agarró un cuchillo de mesa para correr a solicitar auxilio al Hospital Horacio Heller de la capital neuquina.
Al arribar a la guardia médica, el personal asistencial interpretó de forma errónea su presencia y creyó que se trataba de un intento de ataque con arma blanca. Ante la alerta, varios efectivos de la fuerza de seguridad local acudieron a la sede sanitaria, redujeron al hombre mediante golpes reiterados y procedieron a desarmarlo.
De acuerdo con los datos forenses arrimados a la carpeta judicial, la víctima sufrió al menos ocho costillas fracturadas y la perforación de sus pulmones producto de la agresión física. Posteriormente, los intervinientes retiraron al compatriota esposado y lo abandonaron en la vía pública frente al nosocomio, donde los médicos constataron su deceso.
Avances judiciales por el caso del paraguayo muerto en Neuquén
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén, encabezado en esta causa por los agentes fiscales Lorena Juárez y Maximiliano Jávega, logró avanzar en la individualización de los sospechosos mediante cámaras de seguridad. Los registros permitieron identificar a los uniformados Marcelo Orellana, Gino Facci, Tomás Ontiveros y Milton Torrico.
El juez penal Luciano Hermosilla admitió la imputación formulada contra los agentes bajo la figura de presunto homicidio simple con dolo eventual en exceso del cumplimiento del deber. De igual manera, el magistrado dispuso incluir en las indagatorias a otros dos policías que se encontraban apostados en el perímetro del centro de salud.
La magistratura fijó un plazo de doce meses para concluir las diligencias investigativas y enviar muestras a los laboratorios de la Policía Federal en Buenos Aires. Conforme a las previsiones de la querella legal, la causa judicial en torno al paraguayo muerto en Neuquén podría desembocar en un juicio oral recién durante los primeros meses del año 2027.
La memoria del compatriota y el esfuerzo familiar
José Augusto Galeano Mendoza había emigrado hace más de dos décadas a territorio argentino, iniciándose laboralmente en las labores de cultivo de uva en Mendoza. Con el correr del tiempo incursionó en el sector de la construcción civil hasta radicarse de manera definitiva en la provincia patagónica de Neuquén.
El fallecido deja tres hijos en la orfandad: uno mayor de edad asentado en la ciudad de Villeta y otros dos menores radicados en territorio argentino. Con el propósito de afrontar los gastos de litigio y solventar el traslado para presenciar el juicio, varios integrantes del núcleo familiar viajaron a España en búsqueda de empleo.
En Guarambaré, su tío Luis Galeano asumió el rol de maestro de oración para dirigir las plegarias comunitarias en su memoria. El tributo espiritual en homenaje al paraguayo muerto en Neuquén acompaña el reclamo de justicia y transparencia sostenido por sus allegados.
Datos clave
- La ceremonia religiosa del ñembo’e paha se llevó a cabo en Guarambaré para concluir el novenario por José Augusto Galeano Mendoza.
- Seis agentes policiales permanecen imputados ante los tribunales argentinos por el presunto homicidio del albañil paraguayo.
- La investigación judicial dispone de un plazo de un año para peritar pruebas balísticas y médicas en Buenos Aires.
- El juicio oral contra los uniformados involucrados se proyecta para los primeros meses del año 2027.
- Familiares de la víctima viajaron a trabajar al exterior con el fin de financiar los traslados y el seguimiento de la causa penal.






