La presunta inclusión de un pagaré falso dentro de una cesión crediticia motivó una presentación formal ante el Congreso Nacional en Asunción. La abogada Cecilia Pérez elevó una nota al presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, solicitando explicaciones sobre el control del Banco Central del Paraguay en esta transacción. El reclamo coincide con convocatorias legislativas a autoridades reguladoras para abordar informes del sector financiero.
La investigación sobre el pagaré falso y sus antecedentes
De acuerdo con la denuncia formulada, el título de crédito en litigio data del 22 de febrero de 2022 y compromete a la Concertación Frente Guasu, junto con los dirigentes Carlos Filizzola, Aida Robles y Oscar Darío Rojas. Los afectados aseguraron ante los estrados judiciales que jamás suscribieron los documentos ni percibieron fondos correspondientes a gastos de la campaña electoral de 2018. Estudios técnicos del Laboratorio Forense del Ministerio Público determinaron posteriormente la falsedad de las rúbricas contenidas en la cadena crediticia.
El origen de la deuda adjudicada correspondía inicialmente a Credicentro y ascendía a una suma superior a los dos mil millones de guaraníes. La controversia cobró mayor relevancia tras la intervención judicial impulsada en junio de 2023 por la entonces Financiera Ueno SAECA, hoy ueno bank SA, entidad que promovió una demanda ejecutiva de cobro. Tras las objeciones sobre la autenticidad de las firmas, la misma institución bancaria radicó una denuncia penal en septiembre de 2024 para esclarecer los hechos.
Transferencia de activos y cuestionamientos al ente regulador
Pese a que los peritajes oficiales confirmaron la adulteración del documento en abril de 2025, el pagaré falso permaneció registrado como un activo válido en el balance institucional. Conforme a los datos presentados en el Senado, la entidad financiera transfirió el crédito dentro de un paquete masivo a la firma Vinanzas SA, firma que forma parte de su mismo grupo empresarial. Dicha cesión comercial se habría concretado sin la correspondiente notificación a los supuestos deudores ni comunicación oportuna al juzgado interviniente.
La abogada Pérez remarcó que la producción de documentos no auténticos constituye un delito precedente de lavado de dinero según el marco normativo paraguayo. Bajo este criterio, cuestionó que los remanentes de una presunta conducta ilícita continúen circulando en el sistema financiero con aparente anuencia de la Superintendencia de Bancos. La reglamentación vigente exige a las entidades devolver las carteras afectadas por fraude y reportar tales contingencias a la banca matriz de forma inmediata.
Pedido de investigación judicial y reclamo de medidas
La representación legal solicitó al titular del Parlamento que impulse requerimientos precisos a las autoridades del Banco Central del Paraguay durante las mesas de trabajo vigentes. Asimismo, exhortó a los legisladores que integran el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a promover una indagación preliminar sobre el desempeño de los operadores de justicia. El pedido abarca tanto las dilaciones en el fuero civil para peritar el pagaré falso como la aparente inacción en la sede penal del Ministerio Público.
En el ámbito fiscal, la investigación quedó asignada a la fiscala Soledad González sin que se hayan ordenado diligencias relevantes hasta la fecha, según expuso la abogada denunciante. Los afectados continúan bajo medidas cautelares y bloqueos financieros por obligaciones que afirman no haber contraído. Por ello, el documento remitido a la Mesa Directiva insiste en dilucidar si existió omisión de los órganos fiscalizadores o si las entidades involucradas suministraron informes inexactos a la autoridad de control.
Datos clave
- Presentación legislativa: La abogada Cecilia Pérez pidió al presidente del Senado, Basilio Núñez, exigir explicaciones al Banco Central sobre una cesión crediticia irregular.
- Peritaje fiscal: El Laboratorio Forense del Ministerio Público constató la falsedad de las firmas atribuidas a referentes de la Concertación Frente Guasu en un título de más de G. 2.000 millones.
- Venta de cartera: El documento cuestionado fue transferido por ueno bank a la empresa vinculada Vinanzas SA pese a las pericias que acreditaron su adulteración.
- Solicitud al JEM: Se requirió una investigación preliminar sobre las demoras procesales tanto en el ámbito judicial civil como en la causa penal a cargo del Ministerio Público.
