La orden de alejamiento dictada en favor de víctimas de violencia intrafamiliar suele resultar ineficaz y hasta contraproducente en Paraguay debido a la falta de monitoreo y respuesta rápida de las autoridades. Especialistas del ámbito jurídico y criminológico señalan que este mecanismo judicial, concebido para brindar amparo inmediato, con frecuencia termina exponiendo a las mujeres ante agresores que desobedecen las prohibiciones sin consecuencias inmediatas.
El Juzgado de Paz actúa como el principal canal de ingreso al sistema estatal de auxilio ante hechos de violencia doméstica bajo el amparo de la Ley 1.600/2000 y la Ley 5.777/16. Aunque las medidas cautelares pueden emitirse con rapidez procesal, la carencia de herramientas operativas en los organismos de seguridad impide resguardar la vida de quienes denuncian a sus parejas o exparejas.
Los riesgos que desata la orden de alejamiento
La abogada Alejandra Peralta explicó que estas disposiciones fijan restricciones de acercamiento de hasta 500 metros en torno a la víctima. No obstante, advirtió que la capacidad de respuesta policial resulta insuficiente para asegurar que el denunciado acate lo dispuesto, lo que genera un peligroso efecto bumerán.
De acuerdo con la profesional, muchos agresores asumen una postura de propiedad frente a sus parejas y reaccionan con mayor cólera al ser expulsados del hogar. Cuando perciben que los uniformados no cuentan con despliegue oportuno, las amenazas se incrementan drásticamente. Peralta rememoró el reciente feminicidio de Deisy Paola Giménez en Lambaré, donde el victimario advirtió que cometería un hecho atroz antes que ir a prisión por desobedecer la orden judicial.
Denuncias por desacato y carencia de monitoreo técnico
El volumen de causas abiertas en el Ministerio Público por incumplimiento de medidas revela que la restricción no se respeta en la mayoría de los casos. Peralta detalló que cuando no rige un arresto domiciliario ni existe vigilancia continua, la orden de alejamiento pierde impacto preventivo en la práctica.
Para contrarrestar estas vulnerabilidades, la letrada planteó el empleo riguroso de tobilleras electrónicas conectadas a botones de alerta para las víctimas. Además, enfatizó que las patrullas policiales deberían acudir al lugar en lapsos de cinco a siete minutos ante llamados al Sistema 911, permitiendo reportar desobediencias a fin de que los jueces decreten medidas más severas como la prisión preventiva.
Por su parte, el abogado y criminólogo Juan Martens aseveró que Paraguay carece actualmente de un esquema de protección efectiva y de protocolos para calibrar el riesgo de feminicidio. Martens cuestionó la desconfianza institucional que revictimiza a las mujeres al tildar sus testimonios de exageraciones, dejando sin seguimiento formal numerosas advertencias de peligro inminente.
Proyectos institucionales y señales tempranas de alerta
Martens anunció que la Universidad Nacional de Pilar elevará a la Corte Suprema de Justicia una propuesta metodológica para clasificar el riesgo en los juzgados. El especialista puntualizó que los antecedentes violentos y la conducta antisocial del investigado deben ponderarse con urgencia para disponer controles estrictos con tobilleras electrónicas.
Peralta recordó que la violencia evoluciona paulatinamente desde actitudes como los celos desmedidos, la revisión de teléfonos y la censura sobre la vestimenta o vínculos afectivos, pasando luego a la agresión física. Por ello, instó a las instituciones públicas a destinar recursos a juzgados especializados y equipamiento policial para contener la violencia de género y los abusos hacia la niñez.
Datos clave
- Protección insuficiente: Especialistas afirman que la medida restrictiva no frena a los agresores sin vigilancia policial activa o mecanismos tecnológicos.
- Demora en auxilios: Se reclama que las patrullas acudan entre cinco y siete minutos ante infracciones para evitar desenlaces fatales.
- Propuesta judicial: La Universidad Nacional de Pilar presentará ante la Corte Suprema un sistema estandarizado para evaluar el riesgo de feminicidio.
- Escalada violenta: Las agresiones suelen comenzar con control y maltrato verbal antes de derivar en lesiones físicas graves o amenazas de muerte.
