El caso de un opositor cubano detenido tras acudir a una convocatoria judicial en Santiago de Cuba encendió las alertas de organismos defensores de derechos humanos. Se trata de Evangelio Sánchez Alayo, de 64 años, quien permanecía fuera de prisión bajo una licencia extrapenal otorgada debido al grave deterioro de su estado físico. Las autoridades locales resolvieron mantenerlo bajo custodia en una sede policial del municipio de Songo-La Maya bajo acusaciones de terrorismo.
El arresto se produjo el 28 de octubre cuando el activista se presentó ante el Tribunal Municipal Popular para responder a una notificación vinculada a un expediente judicial. La orden de comparecencia presentaba tachaduras e irregularidades formales que dificultaban identificar el origen del requerimiento. Para llegar a la cita, el hombre debió caminar alrededor de seis kilómetros desde su residencia en Alto Songo, donde vive y cuida a su madre anciana.
La situación del opositor cubano detenido tras la citación
Al arribar a la sede judicial después del mediodía por las complicaciones de su traslado a pie, los uniformados procedieron a su arresto inmediato y lo derivaron a una celda de la unidad de La Maya. Su defensa pública y allegados sostienen que se reactiva un proceso en el cual ya sufrió privación de libertad durante más de un año sin que mediara un juicio formal.
La figura legal de la licencia extrapenal, contemplada en la normativa penal de la isla, no equivale a una sentencia absolutoria ni anula la causa penal. Este mecanismo transitorio solo permite que reclusos con patologías severas continúen tratamientos médicos fuera de los establecimientos penitenciarios. La revocación de dicho beneficio deja al activista expuesto a un retorno carcelario en condiciones de vulnerabilidad física extrema.
El origen del expediente por supuestos actos violentos
Los antecedentes del proceso judicial se remontan a noviembre de 2023, cuando dos personas que afirmaron residir en el exterior visitaron al activista en su domicilio particular. Al día siguiente de aquel encuentro, agentes del órgano de Seguridad del Estado lo interceptaron en la plaza central de Songo y lo condujeron a dependencias oficiales para interrogarlo.
En esa oportunidad, las fuerzas del orden le comunicaron que los visitantes eran sospechosos de planear la detonación de artefactos explosivos en territorio oriental. Sánchez Alayo rechazó cualquier vinculación con actos ilícitos y afirmó haber sido víctima de una maniobra montada por el aparato policial para justificar su encierro. A pesar de permanecer 14 meses recluido, los instructores penales no mostraron evidencias formales que comprobaran su participación en conspiraciones violentas.
Persecución domiciliaria y reclamos de organismos civiles
Durante las jornadas previas a su reciente captura, el domicilio del activista sufrió reiteradas visitas intimidatorias de patrullas y efectivos gubernamentales. De acuerdo con los testimonios recogidos por plataformas de monitoreo civil, los agentes llegaron a reducir con esposas a la conviviente del opositor, quien presenta una discapacidad del habla, para exigir datos sobre sus movimientos.
Frente a este escenario, la entidad independiente Ciudadanía y Libertad difundió un pronunciamiento público en el que reclamó informes sobre las condiciones de encierro de Sánchez Alayo. El colectivo exigió garantizar la integridad física del procesado, la restitución de su atención médica y el respeto a las garantías básicas de la defensa legal frente a posibles represalias hacia su entorno familiar.
Datos clave
- Evangelio Sánchez Alayo fue arrestado en la localidad de La Maya tras presentarse a una citación judicial irregular.
- Padecimientos de salud previos le habían permitido acceder a una licencia extrapenal tras 14 meses de detención sin juicio.
- La acusación de terrorismo se basa en un expediente iniciado a fines de 2023 sin presentación de pruebas concluyentes.
- Organizaciones de derechos humanos exigen asistencia médica urgente y transparencia sobre las garantías procesales del acusado.
